A la mala

Los primeros movimientos de Morena con miras a la constitución de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados me confirman que la vocación de esa fuerza política no es la democracia, no es el diálogo ni la construcción del consenso, sino la imposición a la mala de mayorías legislativas que no ganaron en las urnas, que no le dieron los ciudadanos, pero que se niega a soltar.

Morena quiere tener el poder absoluto del dinero, la administración, la organización legislativa y los acuerdos políticos en la Cámara de Diputados. Está dispuesto a hacer cualquier cosa por lograrlo y evitar que el PAN tenga la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establecen las reglas claras para evitar que las primeras minorías intenten avasallar. Fueron hechas en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Fueron diseñadas para instaurar en México la dinámica para que todas las fuerzas políticas tengan injerencia en el mundo interno de la Cámara.

Pero a Morena no le gusta eso. A Morena le gusta tener el poder absoluto. En esta ocasión los mexicanos decidieron no refrendarle el poder absoluto y tendrá 198 diputados federales; es decir, necesita 53 integrantes más para lograr la mayoría absoluta y de esa forma tener el control de la Junta durante tres años consecutivos, sin compartirla en ningún momento con el PAN.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció que su estrategia para hacerse de la mayoría absoluta en San Lázaro era crear una “mega bancada”, que se llamará Juntos Hacemos Historia.

Pero el legislador ignora o pretende que el resto ignore que eso es imposible. Los grupos parlamentarios son entes autónomos unos de otros y sólo pueden existir en relación con los partidos políticos con registro nacional. En México no existe un partido llamado Juntos Hacemos Historia ni hay sustento legal para hacer un muégano parlamentario.

Tiene un camino legal que puede seguir. Obligar a sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo a una mega desbandada, para que 53 de los verdes y petistas se pasen a Morena.

El Verde tiene 43 integrantes; es decir, insuficientes para los 53 que necesita Morena, pero además, desfondar al Verde implicará que no tenga bancada. El PT tiene 37; también insuficientes para lo que necesita Morena y cederlos todos implica su desaparición.

Para evitar que el Verde y el PT desaparezcan, deben contar con al menos cinco integrantes; es decir, pueden acceder a quedar en su mínima expresión para que Morena obtenga el poder absoluto que no le dieron los ciudadanos. El PT y el Verde pueden quedarse con un máximo de 14 y 15 integrantes, respectivamente; no más, porque entonces no le alcanza a Morena para avasallar.

Pero el tema no es sólo trasladar legisladores como si se trataran de naranjas y no como personas que fueron elegidas por los ciudadanos, porque representan una fuerza política. Detrás de todo eso está el dinero y el poder. Cada diputado federal tiene un valor; dinero que se entrega al grupo parlamentario para trabajar.

En un informe público, el PES, que tenía 23 integrantes, informó que de mayo a agosto del 2020 recibió un total de 15 millones 904 mil pesos. Ese dinero dividido entre los cuatro meses implica tres millones 976 mil pesos y éstos divididos entre los 23 integrantes implicó 172 mil 869 por cada uno al mes.

¿En verdad Carlos Puente, del Verde y Alberto Anaya, del PT, renunciarán a algo así como nueve millones de pesos mensuales?

¿Será que Ignacio Mier se comprometerá a entregarles puntualmente su dinero y el poder en comisiones para que pueda cristalizar el sueño que ni el PRI se atrevió a tener: una mayoría aplastante que no ganó en las urnas?