Lo que mal comienza…

…mal termina. Y esto de la reforma al Poder Judicial empezó muy mal y rápidamente está acabando muy mal.

*El adjetivo aplica si lo juzgamos desde el punto de vista del fortalecimiento del Estado de derecho en México.

La reforma, sin embargo, no estuvo diseñada para atender este objetivo. Su propósito era político, es decir, defenestrar a los juzgadores locales y federales, incluyendo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sustituirlos con cuadros afines al partido gobernante y, así, terminar con la independencia del Poder Judicial.

A Morena sólo le faltaba controlar este poder porque ya tenía el Ejecutivo y el Legislativo. Con la reforma judicial lo lograron. Tal y como lo reconoció, con gran candidez, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, rechazando la necesidad de una reforma electoral.

La 4T puso a los nuevos juzgadores por medio de unas elecciones fraudulentas, con baja participación y los famosos “acordeones” que repartieron a los votantes movilizados por el aparato gubernamental.

Un exitazo, desde el punto de vista político, para la 4T. No así para el Estado de derecho porque los juzgadores, de manera nítida los ministros de la Suprema Corte, se convirtieron en empleados del partido gobernante.

El pasado 22 de enero, El Universal publicó un artículo titulado: “Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T”. En él daba cuenta de lo siguiente:

“El pleno de nueve ministros encabezado por el oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz lleva más de cuatro meses en funciones en los que ha resuelto casi tres mil asuntos entre el pleno, ponencias y acuerdos de la presidencia, pero no ha habido ningún fallo en contra de reformas o decretos de López Obrador o de legisladores de Morena”.

De nada sirve una Corte alineada con el gobierno. El Estado de derecho tiene como objetivo que la ley proteja al ciudadano frente a posibles abusos de poder, incluyendo los que lleva a cabo el gobierno.

Los juzgadores deben defender los derechos aplicando la ley. Pero si siempre le dan la razón al gobierno pasándose la ley por el Arco del Triunfo, deja de existir la institución encargada de salvaguardar los derechos de las personas físicas o morales.

Cuando el árbitro siempre pita a favor de uno de los jugadores, el juego se acabó. Así de sencillo.

No por nada, muchos empresarios no quieren invertir en México. Saben que se perdió certidumbre jurídica con una reforma que puso en los tribunales a empleados del gobierno. Porque eso son los nuevos juzgadores: soldados de la 4T.

Unos soldados que, además, están saliendo carísimos.

Dicen los cuatroteístas que la Suprema Corte anterior era muy gastalona. Que tenían sueldos altísimos y prestaciones onerosas. Y sí, pero por lo menos hacían su chamba, es decir, interpretaban las leyes y la Constitución con sentencias que a veces irritaban a los gobiernos que pretendían abusar de su poder.

Fue el caso con diversos asuntos en el gobierno de López Obrador que quería, por ejemplo, que leyes secundarias contradijeran la Constitución al no tener los votos para reformarla. No es gratuito que AMLO haya querido sacudirse al Poder Judicial después de que éste actuara como contrapeso al Ejecutivo.

La compra de nuevas camionetas blindadas para los nueve ministros de la Suprema Corte los pinta de cuerpo entero. Es la condición humana. Llegan al poder y quieren disfrutar de privilegios con cargo a los contribuyentes. Prometen austeridad, pero que se haga en los bueyes de mi compadre.

El asunto trascendió, se armó un escándalo y la Presidenta los censuró. Hugo Aguilar tuvo que salir a hacer el ridículo. Argumentó que requerían esas camionetas por seguridad. El blindaje de las anteriores ya no servía. Pero decidieron ya no utilizarlas porque ellos hasta en Metro pueden irse a trabajar.

¿Y dónde quedó la justificación original de la seguridad? En el basurero. Igual que su credibilidad.

Lo que mal comienza, mal acaba. Tenemos un Poder Judicial que no sirve para administrar el Estado de derecho. Burócratas togados que les gusta la buena vida.

Para ratificar las decisiones del gobierno no se requiere una Corte con nueve ministros. Si se trata de ahorrar recursos, que pongan a un funcionario en una oficialía de partes con un sello que diga “se ratifica la postura del gobierno” para estamparlo en las demandas. Ese oficial sí podría llegar en Metro a su trabajo.

*X: @leozuckermann