Como parte de su discurso nacionalista, la Presidenta nos invita a confiar en las instituciones. Lo hace en el contexto de la acusación por parte de Estados Unidos de colusión con el crimen organizado de diez funcionarios sinaloenses.
¿De verdad podemos hacerlo?
No, cuando se trata de las instituciones relacionadas con la justicia.
Baso mi opinión en los altísimos niveles de impunidad que hay en el país, de los más altos del mundo.
En México, el que la hace no la paga. Es muy baja la probabilidad de que la justicia lo procese y castigue.
Veamos los números.
De acuerdo con Impunidad Cero, sólo 6.4% de los delitos llegan al conocimiento de las autoridades. Es lógico. La ciudadanía no acude a las fiscalías porque sabe que solo irá a perder su tiempo. A menos que sea un delito muy grave (asesinato, por ejemplo) o se requiera la denuncia para cobrar un seguro, las víctimas no denuncian sabiendo que la justicia en México es prácticamente inexistente.
Del 6.4% de delitos que se denuncia, sólo una pequeña fracción se resuelve. Según Impunidad Cero, la probabilidad final de que un delito cometido en México sea resuelto ronda 0.9 por ciento.
De cada cien delitos, aproximadamente 99 quedan impunes.
En el Índice Global de Impunidad 2024 de la Universidad de las Américas Puebla, nuestro país ocupa el lugar 80 de 94 países evaluados. Se encuentra entre los 15 países con mayores niveles de impunidad del mundo.
¿Cómo podemos confiar, Presidenta, en nuestras instituciones con estos números de terror?
La realidad es que nuestro sistema judicial no está diseñado para proveer justicia.
La ciudadanía no denuncia por la burocracia de las fiscalías. Es un horror tener que hacerlo. En esas oficinas impera la ineficiencia, incapacidad e indolencia. Los propios ministerios públicos desincentivan las denuncias confesando a las víctimas que ni de chiste se resolverá el crimen en cuestión.
Los poquísimos casos que sí pasan este primer filtro entran a un proceso moroso y caótico. Las fiscalías tienen una sobrecarga de trabajo debido a los pocos recursos materiales, financieros y personales que le otorgan los gobiernos federal y estatales. La capacidad de investigación es prácticamente nula. La cantidad de casos que efectivamente se judicializan es muy menor.
Los que llegan al Poder Judicial son poquísimos. Ahí comienza la lentitud desesperante de los tribunales. Hoy, incluso, es peor por la reforma judicial y la incapacidad de muchos de los nuevos juzgadores que no tienen experiencia alguna. Cuando por fin se obtiene una sentencia, su ejecución también es tardía y enredada.
Imposible confiar así en nuestras instituciones de justicia.
El problema es mayor cuando se trata de casos relacionados con políticos.
En eso México no ha cambiado nada con la llamada “Cuarta Transformación”. Como en las mejores épocas del autoritarismo priista, las instituciones de justicia están al servicio de la política.
Aquí hay de dos sopas: acusaciones injustas para quemar a adversarios políticos o completa impunidad para los aliados.
En el primer rubro está, por ejemplo, el caso de Rosario Robles en el sexenio pasado.
López Obrador se la tenía jurada desde que ambos rompieron políticamente. Cuando el tabasqueño llegó a la Presidencia, la Fiscalía no acusó a Robles de corrupción por el caso de la Estafa Maestra, sino del delito de ejercicio indebido del servicio público. A la cárcel fue a parar Rosario durante su juicio con la figura de “prisión preventiva”. Los tribunales terminaron exonerándola. Tres años se pasó bajo la sombra por un delito inexistente.
Para eso sirve la justicia en México: para castigar a los adversarios políticos.
Y también premiar a los aliados.
Ejemplos hay muchos.
Yo sólo cito uno que me sigue pareciendo escandaloso: el de Peña Nieto. Como el entonces Presidente ayudó a AMLO a ganar las elecciones de 2018, el tabasqueño lo premió otorgándole completa impunidad. Toda la corrupción que salió durante el sexenio peñista, que apuntaba directamente al Presidente, quedó en el olvido judicial. A Peña no lo tocaron ni con el pétalo de una denuncia. Hoy vive como marajá en España sin que nadie pueda explicar de dónde salió el dinero para hacerlo.
Ya durante este sexenio, los ejemplos abundan de cómo la justicia mexicana perdona a los aliados políticos.
Sheinbaum nos pide que confiemos en las instituciones a propósito de los “diez de Sinaloa”. No, Presidenta, no podemos hacerlo. La burra no era arisca, la hicieron a palos. No hay manera de creer que nuestras instituciones procesarán judicialmente al gobernador Rocha y al senador Inzunza, por ejemplo. Más bien, si nos atenemos al pasado, lo que imperará es la típica impunidad para los aliados políticos.
X: @leozuckermann