La marginación y extinción de las organizaciones privadas de la sociedad civil está entre las prioridades del gobierno de Morena. Su razón radica en la desconfianza que le tiene a la acción privada en lo que estima sólo ser de ámbito oficial. La posición desconoce lo indispensable que son las entidades sociales privadas en toda sociedad políticamente equilibrada. No admite que el Estado, por sí solo, no tiene capacidad de realizar todas las funciones y servicios que la colectividad nacional requiere.
En la visón socialista de la Presidenta, el Estado debe encargarse de producir y distribuir todos los bienes y servicios que requiera la sociedad. La concepción de Morena no prevé una sociedad equilibrada en que proveer seguridad y bienestar y esto únicamente se logra con el esfuerzo compartido entre el gobierno y las instituciones junto con los particulares que conforman la sociedad civil.
Pero las declaraciones de López Obrador siempre fueron claras. Afirmó que ni las entidades privadas y, mucho menos, las empresas, contribuyen al bienestar general. Por el contrario, las veía como entidades ideadas y dedicadas sólo al provecho propio, sin jamás mirar al progreso de la comunidad.
Consecuente con esta visión, el gobierno de Morena decidió la cancelación en 2019 de los fideicomisos de docenas de organizaciones privadas, muchas de ellas prestigiadas instituciones de servicios de toda índole, y marcó un cambio radical en la forma de registro y supervisión oficial. Convencido del abuso con que ellas ejercían los recursos públicos que pudieran recibir y alegando depurar su actividad, fijó que su entrega sería directa a los beneficiados. En su lugar, brotó la burocratización, lentitud y corrupción que perjudicó a los beneficiarios generalmente procedentes los estratos más necesitados.
Trato desigual y privilegios son característicos de Morena y, como ejemplo, la asociación civil Humanidad con América Latina, vinculada a López Obrador, que obtuvo su registro de donataria autorizada de manera exprés, mientras todas las demás fundaciones han esperado años en obtener los permisos o aún esperan obtenerlos.
El SAT acaba de anunciar que retira el registro a 100 organizaciones cuyo trabajo social ha sido de calidad e incluso heroico. Las razones: “…por carecer de papeles en regla” o “porque sus tareas no eran lo que habían estipulado”. Tras del golpe, esas organizaciones hoy son objeto de persecución jurídica.
La participación de las ONG en asuntos públicos es un derecho en la democracia, y la inhabilitación, así como la reducción de su margen de maniobras por carecer de la deducibilidad de impuestos, atenta contra ellas afectando tanto a donatarias, como también a donantes.
Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad son tres ejemplos de las muchas afectadas. En estos casos se trata de una acción oficial para silenciar a las que exponen con pruebas y hechos las fallas del gobierno, su mala gestión, los abusos y la deshonestidad. Desde 2009 Mexicanos Primero se ha dedicado a monitorear el estado de nuestra educación pública, señalando con ejemplos concretos la ineficiencia y la opacidad, y cómo el presupuesto educativo no siempre se traduce en mejores aprendizajes. México Evalúa, por su parte, ha difundido investigaciones sobre el Sistema de Justicia Penal, midiendo la impunidad en delitos graves como el homicidio y feminicidio o evaluando políticas de seguridad nacional, o mecanismos para prevenir la corrupción en la administración pública.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), también afectado por dicha disposición, es un centro de investigación independiente que analiza y promueve políticas públicas para mejorar la competitividad de México a través de índices estatales y urbanos, donde se evalúa el desempeño para fomentar la atracción de talento e inversión.
Si este gobierno se dice de acuerdo con la democracia participativa, está obligado a incentivar la participación de la sociedad civil en vez de inhibirla, lo que significa abrirse a la crítica sana y al escrutinio público. Es preocupante la actitud antidemocrática de la señora Sheinbaum, que no ha querido responder ni dar su opinión al respecto y únicamente opta por afirmar que éstos son asuntos del SAT. El escenario actual presenta una estructura de interlocución debilitada y retos importantes para la sociedad civil organizada.
La democracia, concepto milenario, es más actual que nunca. Los complicados tiempos que hoy se viven no se resolverán con impulsos autocráticos, sino con el progreso vigoroso y comprometido con que México responderá a sus retos, con tal de que enmiende su estrategia y se aleje de la peligrosa autocracia que ya anuncia.