La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados publicó el pasado miércoles un acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria pública para la designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo de 2026 a 2034; es decir, establece el procedimiento por el que se elegirá a quien encabece tan importante institución del Estado mexicano durante los próximos ocho años. A grandes rasgos, la convocatoria determina perfiles, tiempos y requisitos que deberán cumplirse.
Es importante señalar que ésta fue publicada en esa fecha a solicitud expresa de la ASF. Se entiende que la razón de hacerlo un día previo a la fecha constitucional fue que el actual titular tuviera oportunidad de presentar su Informe General Ejecutivo —o tercera entrega— de la Cuenta Pública 2024 el día previo; lo cual así ocurrió. Es decir, se realizó fuera de la fecha que señala nuestra Constitución Política (CPEUM), el 20 de febrero; también indica esa misma fecha la ley que norma en su generalidad a la ASF, me refiero a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF). Desde mi perspectiva, no admite interpretación: ambos artículos son claros.
Retomando, la convocatoria establece los requisitos que, con base en la CPEUM y la LFRCF, deberán cumplirse para ser titular de la ASF. Por supuesto, que quien sea designado deberá tener la ciudadanía mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra. Para ser la persona titular de la ASF deberá tener por lo menos 35 años cumplidos al momento de la designación, no haber sido condenado por delito que amerite más de un año de prisión ni haber sido sentenciado por delitos como robo, fraude o abuso de confianza; es decir conductas sancionadas y relacionadas con aspectos financieros o patrimoniales.
Aunado a los requerimientos anteriores, pueden observarse algunos que involucran situaciones de la trayectoria del o la aspirante y que se refieren a la independencia respecto de los partidos políticos, pero también a la no vinculación con el Poder Ejecutivo, ya que la publicación determina claramente no haber sido secretario de Estado, fiscal general o fiscal de la CDMX ni tampoco haber sido legislador; no haber sido gobernador de algún estado ni haber ocupado otros cargos políticos durante el año previo a su nombramiento. Es decir, debe ser autónomo frente al Poder Ejecutivo, al Legislativo y frente a los partidos políticos, con lo cual se presume, de origen, imparcialidad en su actuación. Un aspecto relevante es que la persona interesada en ser titular de la ASF deberá contar con una antigüedad mínima de 10 años en cualquiera de las licenciaturas en contaduría pública, derecho, economía, administración o en alguna relacionada con actividades de fiscalización. Lo anterior implica que la preparación académica del aspirante deberá estar enfocada en materias acordes con lo que la ASF realiza.
Finalmente, respecto de los requisitos, y no menos importante, deberá acreditar una experiencia efectiva de por lo menos diez años —y lo transcribo textual por la importancia que desde mi perspectiva reviste— “en actividades o funciones relacionadas con el control y la fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos”. Como puede observarse, esta parte es, sin duda, la fundamental y la que debería considerarse prioritaria al momento de que la Comisión de Vigilancia efectúe las evaluaciones que determinen la idoneidad de las personas que participen en el proceso. Desde mi punto de vista, ser titular de la ASF no admite improvisados ni personas que no posean la suficiente experiencia para afrontar los retos que presenta la institución de manera diaria.
El proceso durará 23 días naturales a partir de la publicación de la citada convocatoria; tentativamente, el 11 de marzo próximo habrá ya una definición. En este plazo, nuestros diputados tendrán la oportunidad de definir el rumbo que habrá de seguir uno de los pilares más importantes en el combate contra la corrupción en nuestro país; deberán determinar, al elegir a la persona que guíe el destino de la ASF, si otorgan un voto a la continuidad o dan la oportunidad al cambio que la propia Auditoría y México necesitan.