Seguro se imagina a qué club me refiero: al club de los partidos políticos en México. La legislación electoral mexicana, básicamente hecha por los partidos políticos existentes y con el beneplácito del gobierno en turno, inventa y acumula todo tipo de obstáculos para impedir que ingresen nuevos partidos políticos a la arena electoral. Los incentivos son múltiples: para el club, menos partidos significa menos competencia política y, sobre todo, menos comensales a la mesa del financiamiento público que se otorga a los partidos. La bolsa es fija, independientemente del número de partidos, así que más participantes pueden impactar las prerrogativas recibidas. Para los gobiernos —independientemente del signo—, un número menor de partidos simplifica negociaciones, presiones, críticas, etcétera. La convocatoria sólo se emite cada seis años, al año siguiente de la elección presidencial pasada. Así, por ejemplo, con las reglas actuales sólo habrá una nueva convocatoria hasta enero de 2031.
Quienes aspiran a formar un nuevo partido deben de satisfacer condiciones organizativas, burocráticas y financieras muy duras durante un año y después comprobar, durante la elección inmediatamente posterior a haber obtenido el registro, que obtuvieron por lo menos 3% del voto válido. Es decir, los requisitos para aparecer en la boleta están diseñados para que lleguen los menos. Y reducen al máximo las opciones, colores, ideologías, causas que podrían estar representadas en la boleta. No es así en otros países como España y Francia, donde las condiciones para aparecer en la boleta son mínimas y luego es la ciudadanía la que decide cuáles siglas permanecen como partido y cuáles tienen además financiamiento público y representación en las cámaras. En México, en 1994 ese límite era de 2.5 por ciento. En esa elección yo obtuve 2.75% y pude darle el registro al PT, partido que recuerdo con agradecimiento no sólo por haberme dado la oportunidad de ser su candidata, sino por llevarme con los más pobres de México. Ni el PT ni el Verde han vuelto a jugar solos: es muy riesgoso. En 2014, los del Club aumentaron el umbral de votos para el registro de 2.5% a 3, para que aún menos lo lograran.
En pocas palabras, en México quienes deciden cómo y quién ingresa al Club de los Partidos no es, en primer instancia, la ciudadanía, sino los dueños del Club. Una reforma electoral progresiva debería incluir una modificación que se abra a las iniciativas de quienes quieren participar en la política.
Pero, además de estas condiciones que dificultan y empobrecen la oferta política para los electores, hay reglas estrafalarias y con un tufo de franca ilegalidad. Las reglas actuales exigen por lo menos 200 asambleas distritales con por lo menos 300 asistentes o 20 asambleas estatales con un mínimo 3 mil asistentes. Para el caso de las asambleas distritales, funcionarios del INE reciben a los asistentes, les preguntan si saben a qué van, los afilian al partido y verifican que pertenezcan al distrito correcto. La asamblea inicia hasta que se reúnen los 300 adherentes; funcionarios del INE verifican las votaciones para aprobar los documentos y elegir a los delegados que representarán el distrito en la Asamblea Constitutiva; posteriormente el INE entrega una acta con los pormenores.
Es decir, se trata de un acto jurídico que tuvo un inicio y un fin, a cierta hora, en cierta fecha y en cierto lugar, certificados por la autoridad; no es una asamblea permanente como la de un grupo estudiantil en huelga. Pero aquí viene lo incomprensible: si tiempo después, meses incluso, pocos o muchos asistentes se afilian a otro partido y “desacompletan” el quórum original de una asamblea que ya pasó, el INE desaparece la asamblea de la contabilidad del partido, la declara nula. Con este criterio, que no tiene ningún sustento en una ley y menos en la Constitución, el INE pretende desaparecer decenas de las asambleas de SomosMx. Realizamos 246 asambleas distritales, pero sólo reconoce 205. Aunque esto no afecta el cumplimiento de los requisitos para el registro, pues supera las 200 requeridas, afecta los derechos de los ciudadanos a participar en el proceso de formación de un partido político e incentiva “el robo” de adherentes para poner en riesgo el registro de un futuro competidor. Impugnaremos este criterio ilegal ante las autoridades correspondientes.
Pero de que tenemos el pie metido en la puerta del Club, lo tenemos y firme.