Vida cotidiana y política

Para hacer de los hombres seres más justos  y hasta más refinados, es imprescindible hacerlos conscientes de sus limitaciones. Leo Strauss

Algo ha dejado claro la literatura de todos los tiempos: el inmenso daño que ocasionan los hombres con poder. No se requiere mucho análisis para inferir que la política se califica por sus resultados, no por sus intenciones. Muchas decisiones provocan inmensos perjuicios habiendo tenido el propósito de hacer el bien. Desde luego, se dan casos en que, con probada perversidad, hay la clara motivación de propiciar que la sociedad padezca servicios públicos deficientes o nulo acceso a derechos fundamentales. Lo cierto es que, por improvisación o mala fe, nuestra vida cotidiana se ve alterada por culpa de los gobernantes. La política, como la humedad, penetra hasta el último rincón.

Algunas de las equivocaciones más frecuentes y lesivas son errores legislativos. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera (la Constitución de 1917 ya había definido al petróleo como propiedad de la nación) para resolver un conflicto obrero-patronal. Nunca se pensó en impedir la inversión privada. Subsiste la figura jurídica para implementarla, los contratos-riesgo que proliferaron en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, quien escribió un libro para explicar cada asunto denunciado por posible corrupción.

Al inicio del gobierno de Adolfo López Mateos se modificó la Constitución para prohibirlos y ahí arrancó el prejuicio ideológico que engendró el monopolio, no tan sólo en la extracción del hidrocarburo, sino todo su proceso industrial. El absurdo legal se consolidó al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid al introducir en la Constitución el malhadado concepto de estratégico como equivalente a la exclusividad del Estado para que el energético no estuviera en manos de particulares, debido a que solamente buscaban incrementar sus riquezas. Se confundió nacionalismo con monopolio, estratégico con autosuficiencia y modernidad con neoliberalismo.

Pemex, desde sus inicios, fue un fracaso económico. Desde el gobierno de Carlos Salinas se empezaron a discutir las reformas que permitieran competitividad y solvencia. Los cambios, después de uno de los debates más tediosos, contaminado por un lenguaje ambiguo y sin entender los reclamos de las nuevas circunstancias, duró varios lustros.

Al inicio del gobierno de Enrique Peña se dieron los cambios, pero fueron cancelados por López Obrador, agravando la quiebra de la empresa, a la que se suman los cuantiosos recursos públicos con los que se le ha intentado rescatar. Hoy, el daño ya está hecho.

El gobierno actual, ante las condiciones adversas, no tiene más remedio que abrirse a las inversiones privadas (nacionales y extranjeras). El marco jurídico que regula todo el sector energía, hidrocarburos y electricidad podría competir en un concurso mundial de las decisiones más torpes e ineficaces asumidas por el sector público en los últimos años.

Continuar relatando las barbaridades del Estado mexicano es una tarea inagotable. AMLO desembarcó en las Islas Marías y ordenó convertirlo en un centro turístico que ha sido un fracaso, con reclusos sufriendo en las pocilgas de nuestras cárceles. Ni siquiera revisó el decreto del presidente Cárdenas (reconocido por su respeto a los derechos humanos) para crear un centro de readaptación social.

López Obrador ordenó también no utilizar las oficinas presidenciales de Los Pinos, construidas para ese fin. Muchos negocios aledaños al Palacio Nacional ya quebraron por los constantes cierres y bloqueos. La presidenta Sheinbaum no se atreve a regresar a Los Pinos, lo que correspondería al sentido común.

Suspender las compras de medicinas para impedir la corrupción ha provocado un desabasto que, hasta la fecha, no se ha podido resolver.

La lista es larga. Lamentablemente, la delicadeza y previsión para manejar la cosa pública cada vez están más ausentes.