La dimensión del daño

Cada vez que se reporta la afectación de un espacio histórico o arqueológico, los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sacan su mágica chistera y reconcentran su energía en valiosísimos hallazgos que utilizan para cubrir la contingencia en turno. Ya lo hemos dicho: nadie duda del trabajo profesional de arqueólogos y antropólogos, pero eso nada tiene que ver con una institución a la que le faltan entusiasmo, memoria, brazos, garras y dientes para defender el patrimonio cultural de México.

Parece broma, pero siempre que emerge una afectación o un reclamo desde la sociedad civil, el INAH extrae de la gaveta su catálogo de piezas halladas y de excavaciones en curso, con datos que utiliza para ocultar lo evidente: un trabajo improvisado que se enfoca en la atención de emergencias y que deja buena parte a medio camino. ¿De qué sirven tantas repatriaciones y recuperaciones si en nuestro país no es posible proteger lo que tenemos a la vista?

Esta semana, por mencionar el caso más reciente, cronistas de Milpa Alta revelaron que la autoridad local destruyó parcialmente, con maquinaria pesada, un montículo en el sitio arqueológico El Calvario, que data de los años 600 a 900 d.C., sin que hasta el momento se conozca la dimensión del daño o se ubique a los culpables. Lo único cierto es que se logró suspender la obra, lo que evidenciaría la falta de un permiso y, por tanto, tendría que existir uno o más responsables, ¿o no?

Algunos de los denunciantes aún confían en que los expertos trabajan a marchas forzadas en el peritaje que servirá para proceder contra la alcaldía, pero otros más sugieren que la autoridad cultural estaría buscando un arreglo salomónico para que no existan responsables o, quizá, llegue un momento en que ya nadie lo recuerde.

Mientras tanto, el INAH agita la sonaja y nos reporta que un conjunto palaciego será reubicado en las inmediaciones de la estación Calakmul del Tren Maya, así como el prodigioso hallazgo de un nuevo rastro fosilizado que se alimentaba de cadáveres de dinosaurios. No dude usted que en las próximas horas —mientras los cronistas de Milpa Alta protestan en el montículo afectado, mañana a las 15:00 horas— encontrará un cascabel de mejor tamaño.

Pero ésa ha sido la tónica del instituto en todo el sexenio. Pongamos otro ejemplo: en julio de 2020, habitantes de Texcoco denunciaron la destrucción del Caño Quebrado, en el complejo arqueológico de Tetzcotzinco

(Excélsior 17/07/2020) —ideado por Nezahualcóyotl—, debido a “obras irregulares”. Entonces, se convocó a seis reuniones especializadas y hasta se presumió el uso de drones para delimitar el área afectada, y así prometer, con la mano en el pecho, que en abril de 2021 se iniciarían los trabajos de restauración.

Tras cuatro años de silencio, el INAH reporta a esta columna —obligado por la imprescindible Plataforma Nacional de Transparencia, que se pretende desechar o desvanecer— que toda la información relacionada con el caso ha sido reservada por cinco años, pues “tiene que ver directamente con la investigación y persecución de los delitos y las constancias que obran en las indagatorias”.

Algo similar se argumentó respecto a la fallida intervención que hizo una artista y tatuadora en la pintura mural de la Capilla de la ExHacienda de Arroyozarco, en el municipio de Aculco, Estado de México (Vórtice 2/04/2022). Sí, ésa que quedó como pared de cocina económica, pese a formar parte de una edificación del siglo XVIII que levantaron los jesuitas en el Camino Real de Tierra Adentro. ¿Cuántos hallazgos más necesitará el INAH para cubrir las huellas de su desastre? Incontables. ¿Y qué le estarán reportando a Claudia Curiel sobre estos temas, como parte de la transición? Seguro nada.