Colgados de la brocha

Imagine que el gobierno federal, con bombo y platillo, lanza una convocatoria para ocupar una plaza de tiempo completo en una institución de renombre. Entonces, usted o alguno de sus amigos participa en el concurso: lee los requisitos, inicia el trámite (que siempre es una monserga) y aprueba los exámenes exhaustivos en un proceso que le toma varios meses.

Al final, logra la hazaña y recibe la ansiada carta de aceptación (firmada y membretada) en la que le informan que ganó la plaza y le prometen que dentro de un mes podrá empezar a trabajar. Sin embargo, cuando el plazo se cumple, nadie le llama. Así que usted pide informes y primero lo hacen dar vueltas, le comentan que el gobierno no tiene dinero, que los espacios no estaban asegurados, que hay que esperar hasta nuevo aviso y que, debido a las nuevas reglas, debe aguardar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorice su contratación.

¿Y cuánto tiempo tomará eso? Nadie lo sabe.

Algo así ocurrió hace unos días con nueve investigadores que participaron en una convocatoria nacional lanzada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en marzo de 2024, para ocupar una serie de plazas como profesor de investigación científica, con sueldos variables de 19 mil a 30 mil pesos.

La convocatoria –dada a conocer durante el periodo de Diego Prieto al frente del instituto– tiene bases muy claras. Se trata de un concurso de oposición abierto para ocupar una de las 67 plazas de profesor de investigación científica y docencia de tiempo completo (así es el pomposo título), por un periodo de seis meses con opción a definitividad, en áreas como historia, historia del arte, arqueología, antropología social y etnografía.

Esto, en espacios como la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, los Centros INAH Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Zacatecas; en las coordinaciones nacionales de Monumentos Históricos y de Museos y Exposiciones, así como las direcciones de Estudios Históricos, Arqueológicos y de Lingüística, y en academias como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras.

El proceso –que inició con Diego Prieto y ahora le tocará resolver a Joel Omar Vázquez Herrera– se llevó a cabo con normalidad y los 67 investigadores recibieron una carta formal en la que se les indicó su fecha de ingreso. Sin embargo, nueve de ellos quedaron en el limbo por razones poco claras. Pese a ello, les pidieron que tuvieran paciencia y que avanzaran en los trámites.

Lo cierto es que, a finales de agosto pasado, la Subcomisión de Admisión del INAH informó a los nueve investigadores que se quedaron colgados de la brocha que, desde el pasado 31 de julio, existen nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar al personal de base o eventual, por lo que no será posible ingresarlos al Instituto sin contar previamente con la autorización expresa de Hacienda.

¿Significa que estos investigadores, pese a haber cumplido con el trámite, ahora deberán ser sometidos a la consideración de la Secretaría de Hacienda, dependiendo de los criterios de suficiencia presupuestal para ver si se puede cubrir su sueldo? ¿Y de qué sirvieron las bases? ¿Esto implicaría que la dependencia lanzó una convocatoria nacional sin contar con las plazas prometidas? ¿Qué institución respetable hace algo así y cómo lo va a solucionar Omar Vázquez? Son preguntas aún sin respuesta.

De momento, sumamos el caso a la larga lista de pendientes que tiene el nuevo titular del INAH, a quien recientemente se le cuestionó sobre temas como el derruido basamento de Cristóbal Colón, en Paseo de la Reforma, y el Museo Nacional Olmeca, en Tabasco, pero aún no tiene una postura definida.