Fiscalía de la República

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y con un Doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático en diversas universidades, UNAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Anáhuac y la Universidad de las Américas, de la que es Rector. Servidor Público desde 1970 como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, secretario de Seguridad Pública Federal y Diputado Federal. Es garantía plena de que será un extraordinario Fiscal del país para acabar con la impunidad, corrupción y violencia, lastres que, como sanguijuelas, no ceden espacio alguno en su combate.

Pasaron 5 años para que el nuevo cuerpo senatorial cumpliera con esta encomienda; el anterior, lleno de compromisos e intereses personales, no quiso “hacer la tarea”. Recuerdo que por invitación del Senado, un grupo de académicos nos constituimos en “El Comité de Acompañamiento para la elección del Fiscal Anticorrupción”.

Luis Carlos Ugalde, Cristina Puga, Ricardo Jiménez, Silvia Inclán, Issa Luna y el de la voz realizamos la tarea académica y calificamos metodológicamente a los 32 candidatos que se inscribieron para el cargo. Unos muy buenos y otros no tanto.

El asunto no prosperó y los nombramientos de los Fiscales Anticorrupción y de la Fiscalía de la República los encriptaron para enviarlos a la congeladora. Otra situación sucedió en la Fiscalía Electoral con la “renuncia obligada” de Santiago Nieto Castillo al estar revisando los asuntos de aportaciones ilegales a las campañas políticas, lo relevó Héctor Díaz Santana, quien venía de colaborar con María de los Ángeles Fromow en el Sistema Penal Oral, y quien, ante el avasallamiento electoral de Andrés Manuel López Obrador, no recibió conflictos electorales.

El fiscal Gertz Manero tiene una de las más altas responsabilidades, el delito del huachicoleo está que arde, textualmente lo menciono, pues el crimen organizado está saboteando los ductos que transportan el energético para que la “gente inocente” se acerque a recoger unos litros y ya vimos las tragedias que producen las explosiones: más de 90 muertos y varias decenas de quemados en Hidalgo. El presidente López Obrador les declaró la guerra, el ejército y policía federal resguardan las refinerías donde el robo ha sido descomunal, por una puerta salían las pipas con destino y factura legítimas, y por la otra salían las “pipas pirata” que llevaban y vendían el combustible a gasolineras que tenían triple negocio, vender gasolina “caliente” y “ordeñar” los litros de gasolina que venden, lucro realizado con un software que manipula todo el sistema electrónico de las bombas, y los empleados sólo se enteran cuando los clientes se quejan. Esto es competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien debe darle vista a la Fiscalía y, juntas, instrumentar la clausura y retiro de las concesiones a esas gasolinerías.

Adicionalmente, tiene que intervenir la Secretaría del Trabajo, pues en un número importante de las más de 10,300 gasolinerías del país, los trabajadores son víctimas de abusos, en su mayoría “pagan derecho de piso”. ¿Esto qué significa?, pues, que formalmente no son contratados, no tienen ni salario ni mucho menos prestaciones sociales, y sí tienen que pagarle al gerente de la gasolinería el permitirles trabajar; teniendo, además, que pagar sus uniformes, alimentación, gastos médicos, etcétera, y con horarios que rebasan los establecidos en las leyes laborales del país. Por otro lado, la unidad de delitos financieros de Hacienda investiga y congela cuentas de las empresas que están metidas en esta cadena delictiva.

Bastante trabajo tiene el fiscal Gertz Manero, quien debe coordinar a las instituciones públicas que tienen interrelación con el fenómeno del huachicoleo.

Por lo pronto, los ciudadanos debemos seguir apoyando estas medidas, procurando ser prudentes para no ser víctimas de estos delincuentes que, como cáncer en el organismo, “todo lo corroen”. ¿O no, estimado lector?