La puerta falsa
En días pasados fue nombrado el maestro Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública SFP del Gobierno Federal. De este funcionario consta su enorme capacidad, profesionalismo y amplia experiencia como servidor público. No obstante, eso que es una ...
En días pasados fue nombrado el maestro Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal. De este funcionario consta su enorme capacidad, profesionalismo y amplia experiencia como servidor público.
No obstante, eso que es una buena noticia para la política nacional, sigue sin cuadrar la fórmula jurídica para combatir la corrupción en México e investigar realmente los diversos escándalos de presuntos conflictos de interés.
A veinticinco meses de que diera inicio el gobierno del presidente Peña Nieto, no ha podido cuajar un sistema institucional efectivo de combate a la corrupción que permita constatar que existe una preocupación genuina y real por la atención a uno de los principales males que aquejan al país.
Desafortunadamente, en el Congreso de la Unión sigue durmiendo el sueño de los justos el proyecto de reforma legal en materia anticorrupción que se presentó recién iniciado este sexenio. El tema no es menor, si se considera que en uno de los artículos transitorios de esta reforma se prevé la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción, que incluye la desaparición de la misma SFP y la creación de un nuevo órgano anticorrupción con autonomía e independencia del Ejecutivo Federal.
Adicionalmente a esta necesaria reingeniería del combate a la corrupción en la fase administrativa, no se percibe voluntad política —ni urgencia— para que se concrete la puesta en marcha de la instancia ministerial, que es la Fiscalía Anticorrupción y la designación de su titular. Siguen también ausentes las medidas que adoptará el Poder Judicial Federal respecto de la selección y especialización de sus cuadros, con el fin de garantizar que estos casos sean juzgados por personal de la mayor probidad.
El problema de esta serie de “descuidos” y del mensaje presidencial, al haber instruido al titular de la SFP para que investigue y determine las probables responsabilidades que hoy se están señalando, radica en que en los hechos parece que se está dando marcha atrás a la viabilidad del sistema anticorrupción originalmente planteado, que buscaba la independencia del Ejecutivo Federal. Entonces la pregunta inevitable es: ¿qué ha cambiado de aquel entonces a la fecha, para ya no apostar por un sistema anticorrupción más fuerte y sin injerencias?
Hasta este día, son meras presunciones los acontecimientos de la denominada Casa Blanca y de otros sucesos que han sido tratados por los medios de comunicación como posibles conflictos de interés. Desafortunadamente ese estatus no podrá variar si no existen averiguaciones previas de por medio que lleven al Ministerio Público a determinar si hay o no algún delito que perseguir (en el supuesto de que éste sea imparcial y autónomo).
Resulta inevitable hacer referencia al proceso judicial que desde el año 2011 se sigue en España contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina de Borbón, por el caso de Nóos. Aunque hasta el momento sigan teniendo calidad de imputados por presuntos ilícitos de conflicto de interés, no cabe duda que dicha investigación ha podido avanzar gracias a la independencia e imparcialidad de los órganos de procuración y administración de justicia españoles. Entiéndase bien el ejemplo: se trata de la hermana y el cuñado del actual Rey, que es a la vez Jefe del Estado español.
Lo anterior revela que para investigar realmente y, en su caso, perseguir si hubo o no delitos de corrupción, los órganos y funcionarios públicos responsables deben contar con una protección constitucional que les permita estar a salvo de cualquier presión o injerencia y que no tengan otro superior jerárquico que la soberanía popular. Asimismo, que la fórmula no es política ni de discursos, sino de aplicación efectiva de la ley por parte de un sistema de justicia independiente e imparcial.
Sin esas condiciones, no es posible ni creíble hablar de investigaciones y procesos serios que lleven hasta la verdad de los hechos, ni mucho menos a posibles sanciones. Si existe subordinación jerárquica y un deber de lealtad al nombramiento, es tanto como pretender resolver un problema por la puerta falsa.
*Abogado y extitular de la Fepade