El resultado de la reforma judicial no ha sido el vuelco espectacular que prometía, sino un espectáculo de tribulaciones sobre la Justicia. En medio de problemas y tormentos, la elección judicial quiere patearse hasta 2028 para evitar que colapse y abrir un espacio para corregir sus fallas, aunque persisten dudas sobre sus pecados originales.
¿El asunto está entrampado desde la génesis de la mayor reforma a la justicia de las últimas tres décadas, que se originó de la confrontación política, desacuerdos e improvisación. En el argot político se dice que el error es sólo el primero, y los demás son sólo consecuencias. Sus efectos más perniciosos se identifican en la prevalencia del control político del diseño de la elección judicial.
Esa aflicción surgió de la contraposición de agendas e intereses encontrados de sus creadores y el aparato judicial, poderes de facto y opositores que la vieron como la madre de todas las batallas para sus proyectos políticos particulares. A un año sus omisiones y desperfectos ya llaman a reformar la reforma. El INE solicitó al Congreso aplazarla por el riesgo de que fracase si concurre con los comicios de 2027.
La concurrencia con la elección ordinaria saturaría el sistema electoral y elevaría su costo más de 80% respecto a la intermedia de 2021. Su propuesta es una salida para el gobierno, que ha jugado con la idea de postergarla por motivo de ahorros presupuestales, aunque revela su preocupación por las implicaciones de su paso errático como el talón de Aquiles de la confianza de agentes económicos y la inversión. Además, la sensación más dolorosa deriva de la duda de lograr un Poder Judicial imparcial y objetivo con un ajuste parcial o limitado. En la pasada elección, los gobernadores se sirvieron las candidaturas con la cuchara grande, los partidos impulsaron a sus huestes a las urnas y el crimen intervino en la selección de candidatos.
Las deficiencias en la designación y el galimatías de la elección son claras, pero complicadas de salvar. El Congreso tendría que convocar un periodo extraordinario para aprobar por mayoría calificada la modificación del calendario establecido en la Constitución. El plazo para votar reformas electorales aplicables al siguiente año vence el 3 de junio, pero aún no se ven amarrados los consensos.
También, hay temor de que una corrección profunda abra la discusión sobre todo el modelo y acarré mayor inestabilidad a su aplicación. En la nueva Corte la reforma se ensalza como parteaguas histórico de la justicia del país y desestima una revisión a fondo con el argumento de que sólo cambió la forma de elegir a los juzgadores, no la Constitución; valoran que la elección abrió la renovación de un poder anquilosado, nueva orientación de la agenda de derechos y mayor autonomía de los poderes de facto privados, pero verían bien aplazarla para corregir sus desperfectos.
Para el gobierno es irreversible, aunque sus tribulaciones también vienen de fuera por el cuestionamiento de la constitucionalidad de la reforma por parte de la Corte IDH. Otra penuria que desvelará a la Corte que, en su caso, tendría que analizar el grado de vinculación de una resolución así del organismo internacional. Por lo pronto, desde Morena llegó al Congreso una propuesta que busca corregir inconsistencias del método de integración con qué obtener juzgadores capacitados, objetivos e imparciales, aunque la pregunta es si superarán las dudas de la ciudadanía sobre la justicia y convencerán a agentes económicos e inversionistas del cambio en el Poder Judicial.
La modificación del calendario es sólo una consecuencia de los pecados originales de la reforma que impulsó la 4T para sacarse de encima a la vieja Corte, pero no despeja la incertidumbre sobre la politización y el acceso a buenos juzgadores. Su suerte dependerá de los fallos de jueces y ministros, pues la Corte no trae la mejor percepción sobre su actuación.