El experimento de la reforma judicial camina entre errores de origen y fallos polémicos que minan el nuevo modelo de justicia. El gran giro del voto popular con que se prometía rescatar su independencia y acercar a la ciudadanía puede acabar en una colección de acrobacias para principiantes que fácilmente pierden el equilibrio cuando andan de puntillas en las alturas.
Las voces que señalan sus galimatías y piden rectificar comienzan a surgir, ya no de los que siempre se le opusieron, sino de los que la impulsaron desde la coalición gobernante. De los primeros surge un ¡se les dijo! de una aventura que no llevaría a buen puerto; pero la autocrítica y propósito de enmienda es más constructivo una vez aprobada. En esa línea están desde las filas morenistas el presidente de la comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, y el vicecoordinador en el Congreso, Alfonso Ramírez Cuéllar, con la idea de aplazar la elección judicial para revisar el pilar de la reforma.
La elección es, desde la primera en 2025, un reto mayúsculo para el sistema democrático, que el oficialismo desdeñó por la urgencia política de convocarla en demostración improvisada de su poder y remover obstáculos a sus proyectos con la mayoría en el Congreso para quitar frenos a Sheinbaum. Pero las deficiencias en el diseño y organización son serias como para insistir en hacer la segunda parte concurrente con la federal de 2027. Su implementación exige cambios al marco jurídico y constitucional antes de que sus disfuncionalidades sólo descubran un gólem diseñado para obedecer ciegamente a su creador.
La elección judicial falló, a pesar de impulsarla un gobierno de alta popularidad. La participación de apenas 13% con qué legitimarla reflejó poco entusiasmo y, sobre todo, la falta de certeza hizo predecible el resultado antes de las urnas, hasta con acordeones para inducir el voto: candidaturas sin parámetros de idoneidad para el cargo y comités de evaluación que definieron las listas sobre las rodillas, incluida insaculación por tómbola. La prisa por sacudirse a la vieja Corte se impuso sobre la pertinencia, objetividad y rigor judicial.
Si ése fue su pecado original, la consecuencia más grave es que su diseño no garantizó la seguridad y equidad que ameritaba un cambio histórico como éste. Por el contrario, la reconfiguración dejó abierta la puerta que ofrecía cerrar de la autonomía judicial a la intervención de los partidos, control de los gobernadores y la Presidencia, y hasta la intromisión del crimen. La promesa de la nueva Corte de defender su autonomía y pedir confianza para el nuevo sistema enseña su necesidad de limpiar ese origen que la persigue con un severo escrutinio público diario. Ninguna antes había sido tan criticada y sus fallos seguidos con lupa en la disputa por exhibir un “error histórico”, como la calificaron los ministros salientes tras perder la batalla contra la 4T.
Pero las incongruencias de algunos ministros con la austeridad por la compra de vehículos de lujo y la impericia para manejarse en el cargo abonan a su cuestionamiento y desestiman la reivindicación de su presidente, Hugo Aguilar, de que “sus palabras ya no serían motivo de escarnio” al recibir su constancia; lo que agregó temperatura al horno de la crítica opositora con tonalidades incluso racistas hacia el abogado indígena que defiende ideas y enfoques distintos a la justicia formal y acartonada de las élites que dominaron el Poder Judicial.
Pero lo más preocupante en este viaje a lo desconocido es ceder a las fallas de la reforma, y que en realidad conduzca a territorios bien conocidos por la politización de la justicia y el acceso selectivo en que anida la impunidad. La mayoría de sus fallos han favorecido a gobiernos de Morena y se percibe una alineación de los ministros en temas que involucran a opositores y tendencia a la unanimidad en otros de alta relevancia política, además de graves contradicciones internas en asuntos técnico-jurídicos; no obstante decisiones notables como obligar a uno de los hombres más ricos del país a pagar sus deudas fiscales. Por las dudas sobre la autonomía e independencia es fundamental la disposición del gobierno a enmendar errores y fallas que desacrediten la reforma. Y la Corte esta vez no debería caer en el error de dejar de participar con iniciativas para reformar la reforma, como hicieron los anteriores y les resultara decisivo para perder el juego.