La imagen de México sufre los estragos de una frágil institucionalidad, captada con atención y amplificada en el exterior. Esa percepción surge de diversos casos de fallas notorias, omisiones o tragedias de derechos humanos, en un momento en que el gobierno se empeña en mostrar que el país es seguro y confiable, lo mismo para recibir el mundial de Futbol que atraer inversión y negociar acuerdos comerciales.
Todo juega. Sucesos capaces de impactar internacionalmente con videos de percances en redes sociales o imágenes viralizadas de deficiencias o yerros, se convierten en etiquetas que nunca son inocuas, y menos a la luz de discursos radicales. Los diagnósticos del atentado en Teotihuacan o el deceso de dos agentes de la CIA en Chihuahua, el derrame de petróleo en el golfo de México se replican con rapidez, difíciles de distraer u ocultar. Son síntomas de fracturas en estructuras institucionales e incapacidad para enfrentar situaciones que empañan su representación internacional.
La posibilidad de establecer explicaciones y circunstancias claras salió de clubs de expertos para perderse en la conversación cotidiana. ¿Qué conclusión saca quien ve a un tirador ingresar a una zona arqueológica inspirado en figuras fascistas, qué se piensa afuera del accidente mortal de los agentes de EU, cuya presencia era desconocida para el gobierno federal o, del ocultamiento de información en Pemex sobre su responsabilidad en una fuga de petróleo que, incluso, arrastra a la Presidenta a dar una versión errónea?
En la época de guerras hibridas sus opiniones no serán inofensivas ni sistemáticas; no dejarán de leerse dentro de narrativas radicales como las de Trump sobre la violencia en México, graves disrupciones institucionales y evidentes fallas de coordinación entre gobiernos. Y por supuesto asociarse a la corrupción, cuya presencia dinamita reglas y confianza que pide la inversión, como recordó, Ronald Johnson, embajador de EU.
Las deficiencias notorias son un visor por el que asoma la incapacidad del Estado en seguridad para proteger de atentados o desastres medioambientales, y aún más grave, de crisis de desaparecidos. La precarización del Estado por la austeridad en los gobiernos de la 4T está detrás de muchas descomposturas, pero el contexto de poco vale para cambiar estigmas y revertir el deterioro de imagen. Por eso la mediocridad e inoperancia no pueden justificarse en la austeridad. Uno de los casos más notable de riesgos institucionales es la participación de agentes de la CIA en operaciones en Chihuahua. La relación directa de un gobierno estatal con un extranjero en seguridad es una violación constitucional y a la Ley de Seguridad Nacional si actúa sin autorización del federal y, también políticamente dañina por exhibir que no hay comunicación entre autoridades y, particularmente cuando Trump arguye incapacidad institucional para enfrentar al crimen y justificar su amenaza injerencista.
Pero lo más grave son los efectos de la discordia nacional y deslealtad política ante una impredecible acechanza externa. México está “perdido”, se apresuró a declarar Trump para convertir lo sucedido en alarmantes titulares de prensa; mientras su contraparte pedía explicaciones a su gobierno y al de Chihuahua sobre su presencia en un operativo.
El que gana con la confrontación interna es Trump que, en el caso de Chihuahua, pareciera alentarse desde dentro con la idea de que es la salida contra el crimen. No ven que si alguien sabe que las etiquetas radicales no son inocuas es él, que usa la crítica del “narcoestado” en México para abrir la puerta a sus guerras hibridas contra los cárteles como terroristas, y la Presidenta frena defendiendo que no es necesaria.
Entre incógnitas y falsedades, el accidente abre una ventana al territorio opaco de la cooperación en seguridad y los nebulosos contornos de la subordinación. Sheinbaum lo remarca en el discurso, pero tienen una complejidad difícil de conocerse en la práctica. Más no puede ser omisa ni dejar a interpretaciones de los estados una relación que es competencia exclusiva suya. Por eso es urgente delimitar claramente los alcances, para evitar que el propio gobierno cruce las líneas rojas, no sólo los estados opositores.