Cienfuegos, golpe a estrategia anticorrupción

El general del gobierno de Peña Nieto hacía tiempo que no era visto como figura de especial virtud y menos libre de culpa, por ejemplo, en la crisis de derechos humanos del sexenio anterior por casos como las ejecuciones extrajudiciales militares en Tlatlaya o en el crimen de Ayotzinapa. El rechazo de la terna que ofreció al presidente López Obrador para su sucesión da cuenta de la desconfianza hacia el militar de mayor rango ahora aprehendido en Estados Unidos como parte de una investigación de la DEA. La acusación fue presentada en una Corte de NY desde 2019, al parecer sin informar al gobierno mexicano de una operación, lo que también refleja falta de confianza en la cooperación bilateral contra el narcotráfico.

La Operación Padrino —como la bautizó la DEA— es una sacudida para el Estado mexicano porque, como calificó López Obrador, demuestra la descomposición de los gobiernos del pasado del PRI y del PAN. Así como para el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública desde hace una década como último reducto ante la penetración del crimen en los gobiernos.

Pero el problema de la falta de transparencia en la actuación del Ejército no es un asunto de personas aisladas o “manzanas podridas”, sino de controles de las instituciones civiles para evitar corromperse. En la mayoría de las democracias la cabeza de la defensa la ocupa un civil para mantener la supervisión a su interior. Aquí el escrutinio público sobre los militares es inexistente, ellos mismos se observan y juzgan aparte del resto de la sociedad.

La consecuencia es que la transparencia se mueve sin agenda para combatir la corrupción en el estamento militar, a pesar de sus mayores atribuciones en actividades neurálgicas de la seguridad y desarrollo de obras públicas con el actual gobierno. Las denuncias de abusos en derechos humanos o complicidades con el crimen no son nuevas, pero el resultado es que se quedan sin atender. Desde 2009, EU se ha quejado de que el Ejército no actuaba contra el Cártel del Golfo pese a proveerlo de información en uno de varios desencuentros en la cooperación antinarcóticos. En la impunidad está la clave de la descomposición. Y, sin embargo, ahora su influencia ha crecido en 13 posiciones claves de la administración federal, el control de puertos y aduanas, así como las mayores obras públicas del sexenio como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, como actores centrales de la estrategia anticorrupción.

El gobierno justifica su ampliación de atribuciones porque los militares se corrompen menos que los civiles. Pero lo cierto es que la opacidad impide el conocimiento de los malos manejos a su interior y crea estados de excepción dentro del mismo Estado. El aumento de su poder con recursos presupuestales por más de 250,000 millones de pesos obliga a replantear las relaciones del sistema político con los militares para abrir la transparencia en el ejército. Ese es el mejor antídoto contra la corrupción, más que confiar en su obediencia ciega, como se aplaudía de Cienfuegos en el gobierno de Peña Nieto.

El primer saldo del caso Cienfuegos es comprometer la posibilidad de que el Presidente nombre a un militar para sustituir a Alfonso Durazo en seguridad pública, aunque no para desechar la incorporación de la Guardia Nacional al mando operativo del Ejército. Menos aún para replantear su protagonismo en la estrategia anticorrupción del gobierno, a pesar de que la caída de Cienfuegos compromete las premisas sobre la capacidad salvadora de las Fuerzas Armadas.