La prueba del terremoto, ayer y hoy

El terremoto en la CDMX y estados del centro 32 años después de la pesadilla del 19 de septiembre de 1985, vuelve a poner a prueba a instituciones, gobierno y sociedad. La tragedia, como antes, es una situación límite no a la capacidad política de aprovecharla para ganar elecciones, sino de gobernar con la movilización del dolor de las víctimas y el derrumbe de patrimonios. En la desgracia hay poco espacio para protagonismo y, en cambio, la urgencia de cumplir con el auxilio a los damnificados, la reconstrucción y la respuesta real a los problemas.

Decenas de edificios reducidos a escombros recordaron inevitablemente el sismo de 1985. Los dos más dañinos terremotos que han azotado la CDMX en la historia moderna son un desafío a la probabilidad de la repetición de un mismo fenómeno en un mismo sitio, día y mes. También volvió a surgir la solidaridad para ayudar a los afectados, que aquel entonces daría paso a un movimiento civil capaz de canalizar el dolor y el malestar a la exigencia de transformación democrática del país.

La prueba para el gobierno y la sociedad es, sin embargo, distinta a la de hace tres décadas. No sólo por la dimensión de la tragedia con más de diez mil muertos y el pasmo del gobierno de entonces, sino porque la democratización que se potenció en 1985 no ha logrado acortar la desconfianza hacia las instituciones. Hay que decir que el gobierno ahora tuvo mejor respuesta y pudo sincronizar con la movilización de la sociedad, que otra vez dio muestras de solidaridad para rescatar niños y víctimas bajo los escombros. Pero la emergencia, a la que se suman los miles de damnificados en el sureste por otro terremoto histórico, llega en medio del desencanto y un creciente sentimiento de desesperanza que no se puede reducir a la crisis global de confianza en las instituciones o al hipercriticismo del despertar de una sociedad políticamente adormilada por el autoritarismo.

La organización civil que activó la tragedia hace tres décadas se canalizó en la demanda de apertura del régimen, que desembocaría en la alternancia del 2000. Es cierto que la liberalización detonó mayor crítica hacia las instituciones que con frecuencia se confunde con la rentable explotación del escándalo. La novedad de las redes sociales ha contribuido a convertir el examen del poder público en trastornos emotivos, pero la explotación del espectáculo de medios tradicionales y digitales es insuficiente para explicar el malestar social y el desencanto con la democracia. Éste se ha larvado desde la década pasada y se expresa en el mayor nivel de insatisfacción de Latinoamérica. De acuerdo con el informe del Latinobarómetro 2016, sólo 19% de los mexicanos respalda la democracia y, más grave aún, una alta proporción (46%) renunciaría a libertades a cambio de tener gobiernos que resuelvan los problemas, aunque sean autoritarios. Tras 1985, la expectativa de salir del autoritarismo convirtió a la democracia casi en el sésamo que ipso facto abriría el futuro y reduciría males endémicos como la desigualdad, corrupción o falta de Estado de derecho.

Hoy, la contingencia deja más de 230 muertes en Puebla, Morelos y la CDMX, en un país acostumbrado a sumar cada día asesinados y ejecutados por la violencia. Sin percibir que la inseguridad mejore, sin respuestas a la impunidad o la corrupción que emerge de los escombros de los edificios caídos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, constató el enojo en la calle cuando fue increpado al recorrer una zona afectada, en una muestra más de la mala imagen y la desvalorización de los políticos por incapacidad para comunicar y transmitir sus obras. Pero también porque la ciudadanía no siente voluntad política de cambio para anteponer las demandas de la gente a la defensa de privilegios y canonjías de los partidos. La tragedia, no obstante, también es oportunidad para recuperar cercanía entre sociedad y gobierno, que en el dolor deben caminar coordinados.