Felicidades, querida Ivonne Melgar por el 20 aniversario de Retrovisor
La democracia implica tener reglas para legitimar el poder político, pero también necesita que en el juego electoral esas reglas sean imparciales y con árbitros autónomos, para que la competencia tenga piso parejo. La iniciativa presidencial presentada en el Senado el 17 de marzo, conocida como el Plan B, no es “una reformita descafeinada” como la han minimizado algunos actores políticos impacta negativamente la calidad democrática desde tres flancos: la modificación de las reglas de la consulta popular sobre la revocación de mandato, la reconfiguración del federalismo presupuestal y la reorganización de las instituciones municipales.
En resumen, la iniciativa presentada bajo el objetivo de “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato” hace cuatro movimientos principales: Primero, la reforma al artículo 35 constitucional modifica la fecha en la que puede solicitarse la consulta popular para revocación de mandato presidencial: “al concluir el segundo o tercer año del periodo” y fija la votación “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año”, es obvio que la intención es hacerla coincidir con la elección intermedia del siguiente año; pero, además, la modificación le reconoce a la Presidenta el ilegitimo derecho de difundir el proceso y promover el voto a su favor, es decir, sin ser candidata, Claudia Sheinbaum hará campaña electoral. Este cambio es tan importante que puede determinar los resultados electorales de 2027. Morena ya no tendrá que usar a escondidas los padrones de los 30 millones de beneficiarios de las transferencias directas de los programas sociales para lograr una mayor votación, sino que podrá promocionarlos en campaña abierta en voz de la Presidenta de la República.
El segundo y tercer movimiento, se relaciona con las reformas a los artículos 115 y 116. Con esto se ordena reducir la integración de los gobiernos municipales para que cada ayuntamiento pueda integrarse sólo con una sindicatura y un máximo de quince regidurías; además, se impone un tope al presupuesto anual de las legislaturas locales: que no exceda de 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Es decir, con estas modificaciones, la Federación impone un diseño presupuestal uniforme a realidades estatales profundamente distintas. Pero, el federalismo no es sólo distribución de competencias; también es reconocer el margen de autoorganización política y presupuestal a estados y municipios. Imponer techos y estructuras internas a los Congresos locales y Ayuntamientos desde el centro debilita el pacto federal y transforma el régimen político, porque reduce la capacidad de las entidades para diseñar sus propias instituciones conforme a sus condiciones políticas, territoriales y demográficas. En los hechos, estamos transitando hacia un régimen centralista, tal y como se produjo con la Constitución de 1836 (conocida como Las Siete Leyes) impulsada por los conservadores encabezados por Antonio López de Santa Anna.
El cuarto movimiento es la reforma al artículo 134, cuya modificación limita remuneraciones y prestaciones de consejeros y magistrados electorales federales y locales, sujetándolos al artículo 127 constitucional y prohibiendo ciertos seguros y regímenes especiales no previstos en ley. Con esto, la presidenta Sheinbaum no sólo se conforma con “la colonización” de las instituciones electorales, sino que quiere un sometimiento total a partir de imponer límites al gasto. No es el ahorro ni la austeridad republicana, es el mensaje perverso de control total. Obviamente, hay una convicción popular sobre el rechazo y el repudio al dispendio, a privilegios burocráticos y a estructuras públicas percibidas como costosas o desconectadas de la ciudadanía, el problema es que esto no puede ser significado de debilitación de contrapesos y erosión de la neutralidad arbitral, porque el resultado es el debilitamiento de la democracia.
Finalmente, es inquietante el contenido del transitorio en el cual se ordena una reducción acumulada de 15% real al presupuesto del Senado, respecto de la base 2026. ¿Por qué el Poder Legislativo acepta esta iniciativa presidencial que a todas luces impacta el equilibrio de poder, genera desigualdad en la competencia por el poder político y afecta el federalismo?, ¿será temor del escarnio público frente a la demagogia presidencial?, o ¿será que los partidos políticos también son conservadores y no van a defender el federalismo?