Simulación institucional y espionaje

La respuesta del presidente Peña Nieto al escándalo mediático por denuncias de espionaje refleja su  convicción de que la simulación institucional todavía ofrece márgenes para “mover” al país, aunque retarde su progreso social. La creencia de la élite política de que puede hablarse de desarrollo democrático y obviarse las causas de la desafección política. De hablar de Reforma Penal sin abandonar el control autoritario de la justicia. De recuperar contacto con la ciudadanía sin responder a necesidades básicas como la seguridad personal. De confiar en que el crecimiento económico vale para sostener la imagen de un país protector de libertades, a pesar de estar en riesgo y sin que nada pase.

Es decir, que la inercia da para más. Que aún se puede “mover a México” con viejas rutinas políticas, aunque el avance de derechos más bien se retraiga a un estado de reposo. Eso se advierte de su primera reacción a la exigencia de investigación de las víctimas de espionaje tras presentar denuncia formal en la FEADLE de la PGR: “Resulta muy fácil señalar y apuntar, convocar para que se señale al gobierno como una entidad que espía, nada más falso que eso”. Su declaración es una palada de tierra sobre la promesa de la Reforma Penal de poner un dique entre la justicia y la política; otra vez la advertencia de que un manto de impunidad puede cubrir a autoridades implicadas.

Ante la historia  que publicó esta semana NYT sobre espionaje oficial y las denuncias de varias ONG, el Presidente no sólo dijo sentirse también espiado, sino que además  normalizó el delito con la recomendación de “mejor ser cuidadoso con lo que se habla por teléfono”. Pero lo más grave, prejuzgar sobre una amenaza a la seguridad personal y, con ello, anticipar las posibilidades de éxito de la persecución del delito. Otra estocada a la Reforma Penal y su oferta de garantías para el acceso a la justicia a las víctimas, la presunción de inocencia y el debido proceso, cuando apenas entró en vigor hace un año. No es la única. Entre la clase política (gobernadores y procuradores) hay consenso para ajustar la Reforma Penal con el restablecimiento, por ejemplo, de la prisión preventiva, sin demostración fehaciente de que es la responsable de la alarma, porque en mayo se alcanzó el mes más violento desde 1997.

Su lógica parece simple: seguir con la inercia de simulación institucional, mientras aguante la fachada de un precario desarrollo económico y más que débil estabilidad. Aceptar instituciones que no sirvan o vivan en el limbo del amplio margen entre las reformas legales y la voluntad política para que funcionen. Para muestra un botón, ahí está la eternamente pospuesta reforma estructural de la PGR y el revés a su transformación en fiscalía autónoma, el abandono de la Reforma Penal o del Sistema Anticorrupción.

Es una visión política arcaica, retardataria y que camina en sentido contrario al diagnóstico sobre la desconfianza hacia las instituciones como el mayor obstáculo para el desarrollo por arriba de la renta per cápita, como muestran el Índice de Progreso Social 2017. Esta semana salió dicho informe de Social Progress Imperative, que reconoce que el PIB está ya lejos de ser el único determinante del progreso y alerta por el impacto del debilitamiento de los derechos y seguridad personal, y tolerancia e inclusión a nivel global y particularmente en México. En esa medición ocupamos el lugar de media tabla (48 de 128 países), pero el puntaje cae casi al sótano en variables que miden protección de derechos y libertades. Los números apuntan a una crisis en el país, en términos de desarrollo de la libertad personal y de elección, de la seguridad personal, la tolerancia y la inclusión, que en buena medida explican el lento avance del progreso y mediocres resultados económicos. Una crisis que cada día es más difícil de ocultar con la simulación institucional.