Un presidente atrapado por Ayotzinapa

Era agosto de 1996. La investigación de los casos Colosio, Ruiz Massieu y Posadas era ya un caos. El fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla estaba utilizando cualquier instrumento para tratar de cuadrar las hipótesis que, reflejadas en detenciones, había realizado en el primer año y medio como responsable de aquellas investigaciones y que intentaban comprobar que el responsable de esas muertes era el expresidente Carlos Salinas.

En el caso Ruiz Massieu, decidió encarcelar a Raúl Salinas, no tenía pruebas más que el testimonio de oídas de uno de los responsables del crimen, pero llenó algunos medios, como se está haciendo ahora, de filtraciones, que tampoco estaban verificadas y que tampoco tenían mucho que ver con el caso, pero que sirvieron para que en la opinión pública se fortaleciera esa imagen. En el caso Colosio, desechó las investigaciones anteriores, pero, de alguna manera, regresó a la del fiscal Miguel Montes, realmente desastrosa, incorporando al supuesto complot a miembros del Estado Mayor Presidencial y, sobre todo, a quien era el jefe de seguridad, el general Domiro García Reyes. Para eso, detuvo a un pobre ayudante, Othón Cortés, que pasó varios años en Almoloya, hasta que se le declaró inocente.

Cuando iba a salir el libro Domiro, que publicamos en 1996 con mi amigo Joaquín López-Dóriga, con el testimonio de García Reyes, me citó el presidente Ernesto Zedillo en Los Pinos. Como lo he publicado en otras oportunidades, el Presidente, en una larga reunión de dos horas, me dijo que estaba harto de Chapa Bezanilla, que sólo le había creado problemas, que era un corrupto y que sus investigaciones no estaban basadas en datos comprobados. Le pregunté entonces por qué lo mantenía en el cargo, y el presidente Zedillo me dijo que era una designación del procurador Antonio Lozano Gracia (luego supe que, para esas fechas, también estaba harto de Chapa Bezanilla, pero quería que lo corriera Zedillo) y él no podía removerlo porque le había dado autonomía y, además, porque parecería no quería que avanzaran las investigaciones. Me quedó claro que el presidente Zedillo en ese tema había quedado atrapado.

Lo mismo le está sucediendo al presidente López Obrador con el caso Ayotzinapa. Otros fiscal especial, Omar Trejo, sin experiencia ni capacidad en el tema y fuertemente influenciado por sus posiciones políticas, tiene como jefe a un subsecretario, como Alejandro Encinas, al que como a Chapa Bezanilla se le dio absoluta libertad para investigar el caso y, como también hizo Chapa, estableció primero sus hipótesis, luego buscó testigos protegidos que hicieran acusaciones que sirvieran para ese fin, libró órdenes de aprehensión a diestra y siniestra y después buscó ver cómo hacía para cruzar su narrativa con pruebas. Aquello terminó en desastre, y esto va por el mismo camino.

El presidente López Obrador ha optado por una suerte de fuga hacia adelante, como acostumbra, pese a que la investigación de Encinas-Trejo ha provocado un choque de trenes en el gobierno federal y fuera de él. Encinas, diría cualquier viejo marxista, apostó a agudizar las contradicciones, sobre todo con una institución tan lejana a sus afectos desde 1968 como las Fuerzas Armadas. No sólo lanzó una serie de alegatos sin sustento, infundados, en el informe que dio a conocer hace unas semanas, sino que, además, agregó afirmaciones que ni siquiera están en el mismo, como que el general José Rodríguez Pérez ordenó matar a varios jóvenes, días después del 26 de septiembre. Ni eso existe en el informe, ni existe orden de aprehensión por ese presunto delito ni mucho menos hay pruebas al respecto. Es, como me dijo el general, “una vileza, una cobardía”, porque esa gravísima acusación al presentarla como un hecho queda en el inconsciente colectivo. Tanto que, ayer mismo, el presidente López Obrador la retomó como un hecho en la mañanera.

Asombra la saña con que se ataca a las Fuerzas Armadas y, en particular, al Ejército desde ámbitos del propio gobierno federal, con respaldo presidencial, cuando al mismo tiempo se quiere, se supone, fortalecer la presencia militar en diversos ámbitos, y ampliar la participación militar en la seguridad pública, además de incorporar a la estructura de la Sedena a la Guardia Nacional.

Algún día se tendrá que comprender el grado de molestia que existe en el instituto armado por las acusaciones sin fundamento, las filtraciones interesadas, las detenciones de militares que, como el general Rodríguez Pérez, no deja de asombrarse de que el testimonio de un sicario, autor confeso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tenga más peso que su carrera de 44 años de servicio, su currículo impecable, que su propio testimonio de lo que ocurrió aquella noche.

Las divisiones que, dentro del gobierno federal, esto ha generado no son menores. Omar Trejo estaría a punto de dejar la fiscalía especial (donde nunca debería haber estado porque era parte interesada), Encinas tendría diferencias con él y ahora también con el fiscal Gertz Manero por las órdenes de aprehensión retiradas, el tema ha generado divisiones entre los precandidatos, porque el informe también se utiliza en ese sentido. El Ejército mexicano rechaza por completo el accionar de la comisión y la Fiscalía. El presidente López Obrador apoya al mismo tiempo a unos y a otros y, al final, puede quedar mal con todos.

Mientras tanto, continúa la violencia en las calles de estos grupos que se identifican con Ayotzinapa, cuya agenda nada tiene que ver con la justicia, pero sí con las posiciones más radicales del espectro político.