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Son víctimas, no un complot conservador

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Fernández Menéndez

Razones

Hace poco más de una semana decíamos aquí que “desde la elección de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha perdido legitimidad, en el camino está perdiendo también autonomía y ahora también se aleja de la legalidad”. Pero hoy en día sabemos que también se ha alejado de las víctimas.

Lo ocurrido con la toma de la sede de la CNDH en el Centro Histórico es una demostración de ello. Más allá de que el método utilizado sea altamente cuestionable, lo indudable es que se trata de víctimas de violencia y feminicidios que han sido ignorados por el Estado, por la Comisión y por la propia Rosario Piedra. La nueva Comisión parece ser un ente gubernamental más, que atiende sólo a lo que coincide con la agenda coyuntural del gobierno federal y su presidenta.

La semana antepasada comentábamos aquí que la CNDH sufrió otra de sus crisis recurrentes desde la llegada de la señora Piedra, con la renuncia del primer visitador, José Martínez Cruz, ante la intención de realizar una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa que vaya de acuerdo con las indicaciones recibidas por la fiscalía especial del caso. No importa que legalmente no se pueda hacer una recomendación para reemplazar una recomendación ya emitida, ni que la presentada sobre el caso Ayotzinapa por la anterior administración de la CNDH sea una investigación ejemplar, la más completa realizada sobre el caso desde el Estado mexicano.

En este caso, pareciera que lo que se quiere es negar a las víctimas de la violencia y los feminicidios. Resulta increíble que una ombudsman (dejen eso de ombudsperson, esa palabra no existe, ombudsman viene del sueco y la palabra man en ese idioma utilizada en este sentido no tiene significado de género, abarca a todas las personas, pero hasta para imitar son malos en la nueva CNDH) argumente que, como no es ministerio público, no puede hacer justicia. De eso se trata su labor, de escuchar, gestionar, acercar, denunciar y el objeto de esa labor, de esa gestión, esa escucha, esa denuncia, es el Estado mexicano. Para eso está, para eso existe.

No hay mano negra ni una conjura de los conservadores, como ha dicho el presidente López Obrador, demostrando también su falta de empatía con los familiares de las víctimas. No vale más un cuadro de Madero vandalizado (aunque es una patanería absurda hacerlo) que la vida de una mujer joven. ¿Que hay grupos infiltrados en todo esto, como los hay en las marchas feministas que devienen en violencia? Sí los hay, entre ellos los que provienen de los que tomaron desde 1999 el auditorio Che Guevara y que ahora pretenden quedarse con la sede de la CNDH. Pero lo que no se puede negar es que las demandas son justas y han sido ignoradas.

Resulta incomprensible que ayer se haya reunido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con las representantes de las víctimas que tienen tomada la sede y que no se haya presentado la señora Piedra, que no tengamos una toma de posición abierta, pública, fuera de algunas entrevistas en las que simplemente defendió su accionar y dio explicaciones, muy pobres, sobre las carnes finas que guardaban en la alacena de la sede.

No es éste un tema partidario, como ha dicho el Presidente y como algunos también lo tratan de manipular: es un tema de derechos humanos y de justicia que debe tener respuestas, le gusten o no al gobierno federal. Los ocupantes originales, a los que se les sumaron luego otros con otra agenda, son víctimas y como tal deben ser tratadas. Pero la señora Piedra está atrapada en su discurso ideológico y en su propia agenda y no sabe, no quiere o no puede poner a la CNDH al servicio de las víctimas. Y así está destruyendo una de las mejores y más legitimadas instituciones que ha construido México en los últimos 30 años.

 

AGUA

Al inicio del gobierno de Vicente Fox, en un efímero Consejo Nacional de Seguridad, que nunca logró funcionar, se incluyó el abasto de agua entre los mayores desafíos a la seguridad nacional. A muchos les pareció una medida exagerada, pero los hechos le han dado la razón a aquella propuesta de Adolfo Aguilar Zinser: la guerra por el agua crece, en México y en el mundo, y se torna cada vez más violenta.

El martes, los pobladores de toda la zona cercana a la presa La Boquilla, en Chihuahua, que se niegan a que haya trasvase de aguas hacia Estados Unidos, como lo estipulan los tratados bilaterales, tomaron con violencia la presa y expulsaron a los elementos de la Guardia Nacional.

Una vez más se dijo que era una manipulación conservadora. No lo es, por más que la medida sea tan errada como los métodos utilizados. Es la expresión de la desesperación de la gente, que no ve resuelto su abasto de agua, un problema cada vez más acuciante en el estado y que incluso ha estado en el fondo de los enfrentamientos en la zona con las empresas de la familia LeBarón. Pero parece que estos temas tampoco nadie quiere atenderlos.

 

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