La entrega a la Fiscalía Sur de Nueva York del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, y la del exsecretario de Finanzas del estado, Enrique Díaz, no sólo exhibirá la trama de complicidades de éstos y otros funcionarios, comenzando por el gobernador Rubén Rocha Moya y el exsecretario de Gobierno, Enrique Inzunza (ambos escondidos, me imagino que protegidos por el gobierno), sino también de quienes los colocaron en esos cargos.
En el caso de Gerardo Mérida, un general en retiro que está acusado hasta de haber proporcionado información y protección a Los Chapitos de operativos y acciones militares en su contra, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, una mujer incondicional del gobernador Rocha (el mismo que la llamó, durante un evento público y en tono de burla, “una meserita” que antes de ser diputada trabajaba en una lonchería de Dimas, Sinaloa, y que llegó al Congreso tras salir sorteada en una tómbola de Morena), declaró que Rocha no tenía relación alguna con el exsecretario Mérida porque éste, dijo, había sido enviado por el Ejército, lo que provocó una fuerte reacción militar.
Mérida no fue propuesto por el Ejército para la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa: fue una propuesta del que fuera jefe de la Seguridad de López Obrador y luego, en el sexenio pasado, el director de Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, que fue quien colocó a varios militares retirados en tareas de seguridad en la pasada administración. Mérida, con el cambio de mandos en la Defensa y el CNI, fue separado de ese cargo. Audomaro Martínez es uno de los objetivos de la seguridad estadunidense por muchas razones, pero lo acusan, entre otras cosas, de haber filtrado a la inteligencia rusa y cubana los nombres de todos los agentes de EU en México.
Ayer, la Corte del Distrito Sur de Nueva York informó que el exsecretario de Seguridad será defendido por la abogada Sarah Rebecca Krissoff, quien formó parte de la propia Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Sarah Rebecca Krissoff ha participado en investigaciones sobre lavado de dinero, crimen organizado, delitos cibernéticos y fraude. No es una defensa precisamente de bajo perfil. La firma de abogados Cozen O’Connor, a la cual pertenece, informó que la abogada defensora de Mérida cuenta con un amplio historial representando a empresas e individuos en casos penales muy importantes y es una comentarista frecuente en medios como CNN, Reuters, BBC y MSNBC sobre asuntos federales de alto impacto, incluidos los de Donald Trump, Sean Combs y Jeffrey Epstein.
El caso de Enrique Díaz se relaciona directamente con el manejo de las finanzas de Rocha, pero también con sus hijos y los hijos del expresidente López Obrador. Díaz llega a la Secretaría de Finanzas de Sinaloa a través de altos funcionarios del gobierno federal durante el periodo de Rogelio Ramírez de la O, en áreas que estaban bajo control de Andy y Bobby, Andrés y Gonzalo, los hijos del presidente López Obrador.
Son relaciones añejas que son parte del grupo compacto de funcionarios cercanos a los hijos del expresidente. Así fue como colocaron a varios secretarios de finanzas en diferentes estados el sexenio pasado. Uno de los más cercanos era, es, Enrique Díaz. Entonces, la entrega de Mérida y Díaz no sólo desentrañará las relaciones de poder con el crimen organizado en Sinaloa, sino también las relaciones estratégicas del grupo de los hijos del expresidente, tanto en el ámbito de la seguridad, vía Audomaro Martínez, como con el manejo económico y financiero, vía funcionarios del sector financiero del gobierno federal. Son dos de los eslabones centrales desde los cuales se puede jalar toda la cadena.
Mientras tanto, se anunció que en los próximos días estarán en México el responsable del Homeland Security, Markwayne Mullin; la zarina antidrogas, Sara Carter, y el responsable de la negociación del T-MEC, Jamieson Greer. En otras palabras, es la confirmación de que la negociación del T-MEC estará atada a los avances que haya en colaboración y seguridad. En ese camino la posición actual del gobierno federal se tornará insostenible.
DE CHIHUAHUA A COAHUILA
No es una conspiración neoconservadora, como se dice en la mañanera y en otros ámbitos, lo que hay es un deterioro notable de las percepciones de Morena en la sociedad, sobre todo en el norte del país. La marcha contra Maru Campos, organizada por Ariadna Montiel y, sobre todo, por el secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, para mostrar fuerza e imponer el discurso soberanista y construir una narrativa ante la crisis que están sufriendo por el tema Sinaloa, terminó siendo un sonado fracaso: de los 200 mil manifestantes que prometieron no llegaron a cinco mil y Andy sintió, por primera vez, cómo una catarata de insultos caía sobre su persona en un evento público. No se exhibió músculo, sino una extrema pérdida de masa muscular.
A eso se sumará en apenas tres semanas Coahuila, en unas elecciones locales que también le fueron encargadas a Andy. Hoy los candidatos del PRI local de Manolo Jiménez están arriba en todas las encuestas en los 16 distritos electorales. Puede ser el punto final para Andy. Aunque siempre tendrá el refugio tabasqueño.