Los militares la noche de Iguala

En Guerrero, herencia de los exgobernadores Zeferino Torreblanca (por prescindente), Ángel Heladio Aguirre y Rogelio Ortega (¿por complicidad?) el crecimiento de los grupos del narcotráfico ha sido constante y esas organizaciones tienen el control de numerosos municipios del estado al tiempo que combaten entre sí.

Ahora le ha tocado el turno a Acapulco, donde esta semana fuerzas federales han tomado el control del puerto, han desarmado y puesto bajo vigilancia a una policía municipal inactiva ante los reiterados hechos de violencia sucedidos en ese centro turístico, lo que, incluso, provocó, también esta semana, un aviso de restricción de viajes del departamento de Estado de la Unión Americana para sus ciudadanos. La intervención fue parte de una solicitud del gobierno estatal tomada en acuerdo con el federal.

Esa situación es muy similar a la que existía hace cuatro años en Iguala y otros municipios cercanos, cuya policía municipal, y en ese caso hasta el gobierno municipal, estaba ocupada por integrantes del cártel de Guerreros Unidos, con complicidad, entonces, de autoridades estatales. Fue en ese contexto en el que se dio la desaparición y muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, pero antes, también el asesinato de dirigentes perredistas (se dice que del propio presidente municipal José Luis Abarca) a manos de otros grupos perredistas y la desaparición de cerca de 300 personas en esa zona como consecuencia de la lucha entre cárteles.

Hay una insistencia de algunos grupos en atribuir una responsabilidad en esos hechos a elementos militares que no se basa en un solo dato fehaciente, ni una prueba documental, pero tampoco en el sentido común. Se ha dicho de todo, desde que los cuerpos de los jóvenes fueron detenidos y luego cremados en el cuartel militar de Iguala (donde no hay horno crematorio alguno), y como nada de eso se ha podido comprobar, ahora se dice que el Ejército en realidad colaboró con los sicarios sellando las entradas y salidas de Iguala.

En el batallón de Iguala el 26 de septiembre de 2014 había en total 89 elementos. De esos, 20 salieron a atender un incidente a varios kilómetros de la ciudad, de un incendio en un tráiler, y regresaron hasta bien entrada la noche al cuartel. Quedaron 69 elementos, de los cuales, por lo menos, la mitad siempre deben quedar dentro del cuartel para garantizar medidas de seguridad. Luego de que se dieron los enfrentamientos en Iguala, un grupo de unos 20 hizo recorridos por la ciudad. Fueron los que se encontraron a varios de los muchachos en un hospital privado. Pidieron para ellos dos ambulancias y constataron que había a pocos metros de allí unos cuerpos. Conocían de los incidentes, en parte porque la policía municipal había decomisado la motocicleta de uno de sus integrantes y la reclamaron a las autoridades locales.

Hay que recordar que, hasta ese momento, los jóvenes estaban detenidos por la policía municipal en las instalaciones municipales. Algo que no escapaba a las atribuciones de esa fuerza pública porque, efectivamente, había habido robos, desmanes y enfrentamientos, incluso con muertos, esa misma noche. El Ejército o la Policía Federal no se encargan de casos de seguridad pública salvo que les sea ordenado, específicamente, y eso no ocurrió, como no había ocurrido en los muchos incidentes previos entre estudiantes de Ayotzinapa y las autoridades de Iguala, incluyendo el incendio del palacio municipal meses antes.

A esa hora está comprobado, tanto por el testimonio de los sicarios detenidos como por las comunicaciones intervenidas por la DEA entre los integrantes de Guerreros Unidos en Chicago con sus líderes en Chilpancingo e Iguala, que los narcotraficantes (y, por ende, sus empleados: los policías municipales de Iguala y otro municipios cercanos) estaban convencidos de que lo que había era un ataque de Los Rojos, encubierto en la movilización de los jóvenes contra los jefes de plaza de Guerreros Unidos (un ataque que, efectivamente, se produjo en un taller mecánico de Iguala esa misma noche).

Ni el Ejército ni la Policía Federal intervinieron en los hechos de esa noche porque no era su atribución. Los militares no sellaron las cuatro salidas de Iguala, en parte porque no tenían elementos suficientes como para hacerlo y, segundo, porque hubo plena movilización en las entradas y salidas de la ciudad esa noche, tanto que pudieron entrar y salir de la ciudad, luego del secuestro de los 43, otros líderes de Ayotzinapa que, incluso, ofrecieron una improvisada conferencia de prensa en Iguala.

Lo que resulta inverosímil es que, con 142 detenidos, muchos de ellos confesos, incluso, del asesinato y la incineración de los muchachos, ni uno de ellos tenga aún sentencia en firme y que los asesores de los padres trabajen, en los hechos, para liberarlos. La impunidad no puede hacer justicia a los 43 jóvenes sacrificados en Ayotzinapa.

DEMASIADAS AMBICIONES

Jesús Orta Martínez, quien fue inhabilitado por la Contraloría General de la Ciudad de México por mal uso de sus funciones desde el año 2013, por haber actuado con dolo en la asignación de permisos de publicidad, se publicita como el futuro secretario de Seguridad Pública de la CDMX. ¿No comprenden que la jefa de Gobierno será Claudia Sheinbaum? ¿Acaso la subestiman?