La consulta de Zaldívar

Sigo creyendo que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, está actuando correctamente en el diferendo respecto a la propuesta aprobada por el Congreso de prolongar su mandato por dos años más. No sé si en algún momento el propio ministro presidente se planteó la posibilidad, y en qué condiciones lo hizo, de permanecer en el cargo, pero desde que se suscitó la controversia en el Congreso ha hecho lo correcto.

No se manifestó públicamente porque estaba impedido para hacerlo. Optó porque fueran los miembros del pleno de la Corte los que decidieran. Ahora, después de las elecciones, ha propuesto que el pleno realice una “consulta”, un proceso mucho más rápido, directo y que se dirime por mayoría simple, para establecer qué debe hacer la SCJN con la decisión del Congreso y establecer, en ese sentido, si el Legislativo está invadiendo o no funciones del Judicial. El pleno deberá establecer cuántos votos se requieren para aprobar o desechar esa decisión: como la misma se toma por mayoría simple, se supone que también con esa modalidad votará el pleno de la Corte sobre la consulta.

La propuesta se presentará el lunes, tendrá que dirigirse a un ministro o ministra para que presente su opinión y sobre ella votará el pleno, como decíamos, seguramente por mayoría simple. Según dijo Zaldívar, entre julio y agosto (antes o después de las dos semanas de vacaciones, a fin de julio) se tendrá que decidir el tema.

Una consulta, como la propuesta por Zaldívar, sólo puede realizarse para temas que involucren al propio Poder Judicial. La última se presentó durante la gestión de Genaro Góngora Pimentel, cuando la Cámara de Diputados aprobó una ley que establecía que una instancia del Consejo de la Judicatura tendría que rendir su informe ante los legisladores. En esa ocasión, el pleno de ministro decidió que eso era una intromisión indebida del Legislativo en el Judicial, y ordenó que ese informe se presentara ante el propio pleno.

No veo de qué forma la decisión de ampliar por dos años el mandato del ministro presidente pudiera sostenerse. Ello hubiera sido viable con un acuerdo de los propios ministros mucho tiempo atrás, en las actuales circunstancias parece imposible alcanzar esa mayoría, ni me imagino al ministro Zaldívar dispuesto a apostar su capital político en ello.

Serán las ministras y ministros quienes decidirán qué sucederá con la propuesta de prolongación de mandato, y esa decisión la tomarán mucho antes de que se pudiera presentar y decidir una acción de inconstitucionalidad que, además, se terminaría definiendo por una mayoría calificada en lugar de, como se propone ahora, por una mayoría simple de los ministros. Así debe ser.

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LOS CAMBIOS EN EL GABINETE

El presidente López Obrador dijo estar feliz con los resultados de los comicios del domingo y atribuyó las derrotas en la Ciudad de México y el Área Metropolitana a una campaña de desprestigio en medios.

La Ciudad de México la perdió Morena por una suma de factores, el primero y principal, los graves errores cometidos antes, durante y después de la pandemia. Desde el inicio de la administración no ha habido una sola medida de apoyo a una clase media que ya había sido castigada por el gobierno de Peña Nieto: no fue la Casa Blanca o Ayotzinapa, lo que castigó a Peña Nieto fue la reforma fiscal que se realizó en el primer año de su gobierno, que quitó numerosos apoyos fiscales a la clase media y aumentó dramáticamente los impuestos, lo que le hizo perder a ese sector que había votado en buena medida por él. Luego, el llamado gasolinazo le hizo perder, más allá de sus efectos concretos, lo que hubiera quedado de ese apoyo.

Esa clase media fue la que le dio el triunfo a López Obrador en 2018. En los dos años y medio en el gobierno, la clase media no ha recibido un solo beneficio: al contrario, le quitaron desde estancias infantiles hasta el Seguro Popular, desde medicinas hasta el servicio. En la pandemia, la Ciudad de México fue la más castigada del país, tuvo el mayor número de contagiados, el mayor número de muertos, la mayor pérdida de empleos formales y el mayor número de empresas pequeñas y medianas cerradas. El PIB nacional cayó un 9%, pero en la CDMX fue de un 12.5 por ciento. Y a eso hay que sumarle, entre otras cosas, el derrumbe de la Línea 12.

Tan es así que el primer cambio que realiza el Presidente en su equipo es la salida de Arturo Herrera, que recalará en la envidiable posición de gobernador del Banco de México, y la llegada a Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, un economista respetado, cercano al presidente López Obrador, pero con un bagaje superior al de Herrera, con una larga estadía en Estados Unidos, donde su empresa consultora trabaja con las grandes multinacionales allí radicadas. Ramírez de la O, se dijo ayer, será quien construya el presupuesto para el año próximo e, inevitablemente, tendrá que modificar muchas cosas, porque, sin el voto de la clase media y, por ende, sin el voto urbano, el futuro de la administración se verá más que ensombrecido. Y hoy, Morena no controla casi ninguna de las grandes ciudades del país.