Feminicidio y violencia de género: indiferencia

El viernes, en la mañanera, al presidente López Obrador no le fue bien con el tema cuando fue interrogado al respecto y, nuevamente, como había ocurrido días antes con el fiscal Alejandro Gertz Manero, también en la mañanera, el Presidente se terminó enredando en una explicación que demostraba, por lo menos, poca empatía con las víctimas. Más aún cuando había rudas manifestaciones, en ese mismo momento, en las puertas de Palacio Nacional.

El gobierno federal se enreda con el tema del feminicidio porque no lo considera en sí un delito singular. Cree que los asesinatos de mujeres son consecuencia de la violencia en sí y que ese tipo penal, en realidad, complejiza las investigaciones en lugar de hacerlas más accesibles para poder castigar a los culpables.

Tiene razón en un punto: el tipo penal cambia de estado a estado y en algunos, terminar de construir un caso resulta casi imposible.

Es verdad también que la violencia de género no puede desligarse del ambiente de violencia que vive la sociedad en general.

Pero es un grave error querer, por esa razón, eliminar el tipo penal del feminicidio: claro que se debe simplificar, que se debe establecer un tipo penal homologado en todo el país para este tipo de crímenes, pero hoy se debe hacer el feminicidio más visible que nunca, porque la violencia de género, contra mujeres y niñas, se sufre, también, más que nunca antes.

Dicen las autoridades que el feminicidio en realidad no ha crecido, que lo que crecen son las denuncias. Puede ser, pero la verdad eso es lo menos importante. Decir que son una consecuencia del periodo neoliberal es un sinsentido.

Lo cierto es que hoy, en las condiciones actuales, las denuncias de violencia de género, además del feminicidio, crecen constantemente y deben ser atendidas por las autoridades y, para eso, se deben establecer mecanismos institucionales adecuados para hacerlo, como una fiscalía especializada (como se le propuso al Presidente el viernes) que las autoridades no quieren implementar.

Las alertas de género que cubren cada vez zonas más amplias del país, incluyendo la Ciudad de México, no son suficientes. Sin duda ayudan, pero se debe avanzar en mecanismos de investigación, en homologación de tipos penales, en fiscalías especializadas y en el tratamiento de las denuncias de todo tipo con mucha mayor eficiencia.

Un ejemplo, en el gobierno federal, 358 funcionarios fueron denunciados, el año pasado, por acoso sexual y hostigamiento laboral. Hoy, casi el 50 por ciento de ellos siguen en sus mismas responsabilidades.

Lo mismo sucede en muchos otros ámbitos: se suman las denuncias, pero no los castigos.

Es verdad que cada denuncia no tiene por qué convertirse automáticamente en un delito o en un castigo, pero debe haber mecanismos expeditos para saber si éstos se han cometido o no y para canalizar esas denuncias.

Lo que ocurre en los ministerios públicos cuando una mujer va a hacer una denuncia sobre acoso o violación se torna, casi siempre, en una nueva agresión contra la víctima en cuestión. Ella tiene que explicar que no propició la agresión, que no estaba vestida de forma provocativa, que no la consintió. Sería ridículo si no fuera trágico.

Y eso es en el caso de las agresiones: en el de la desaparición de mujeres (una por día, en promedio, en ciudades como las de México) pasan días hasta que se aceptan las denuncias y se investigan.

En los innumerables asesinatos relacionados con otras actividades criminales, la impunidad es la norma.

En un caso como el de Ingrid, su asesino fue rápidamente detenido porque fue encontrado prácticamente in fraganti, pero no es lo mismo cuando se trata, por ejemplo, de las jóvenes escorts que fueron asesinadas, supuestamente, por integrantes de la Unión Tepito y que participaban del portal Zona Divas.

Porque también la actividad de la mujer o sus características llevan a que su caso sea investigado o no. Y eso incluye su propio castigo: qué mejor ejemplo que el de la mujer, detenida por un delito grave, que fue encerrada casi tres semanas en un penal para hombres en Zacatecas, se supone que como una forma de venganza.

Que en medio de este clima de insatisfacción casi generalizada por el delito de feminicidio, ante un infanticidio como el de Fátima, se reabra el caso de Diego Santoy, aquel joven que mató a los hermanitos de su novia en Monterrey, luego de intentar matarla a ella, es una demostración más de la falta de sensibilidad, sentido común y empatía con las víctimas de la violencia de género.