No creo que en los entornos de la 4T sean tan insistentes y duros con José Luis Rodríguez Zapatero como lo han sido con Isabel Díaz Ayuso. A la presidenta de la Comunidad de Madrid la castigaron, quizá por los errores cometidos en su agenda de visita a México, y como distractor del caso Rubén Rocha Moya, con el debate sobre Hernán Cortés hace 500 años. Pero no veo cómo harán para desligarse de la imputación que la justicia española ha hecho contra Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, una figura clave en el entorno de Pedro Sánchez, por sus negocios relacionados con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que terminan involucrando a empresarios y políticos mexicanos durante el sexenio pasado.
La justicia española relaciona directamente a Rodríguez Zapatero con la trama de los CLAP, unos paquetes de alimentos básicos que se distribuían entre la población y que se compraban a sobreprecios en México. El exmandatario desde que dejó el gobierno se convirtió en asesor e intermediario del régimen venezolano.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ese mecanismo lo urdió Alex Saab, el principal lavador de dinero de Maduro, extraditado a Estados Unidos la semana pasada, para canalizar recursos, obtener contratos públicos sobrevalorados y convertir un programa creado para alimentar a los venezolanos más pobres en una maquinaria de sobornos, sobreprecios y enriquecimiento de la estructura de poder en Venezuela.
Esa trama la veníamos develando aquí desde 2020. En junio de ese año publicamos que ya era investigada por el gobierno de Donald Trump, entonces en su primer periodo en la Casa Blanca, pero, como muchos otros, fue ocultado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El problema es que el tema sigue vigente en la justicia estadunidense (ahí está la extradición de Saab para demostrarlo) y se liga con procesos penales abiertos desde entonces, a personajes en México.
En 2016, el régimen venezolano lanzó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que consiste en la venta subsidiada de bolsas o cajas de alimentos que son entregados mensualmente a sectores de la población afines al gobierno. El programa fue encabezado por Freddy Bernal, un expolicía y exalcalde de Caracas muy cercano a Hugo Chávez. Bernal también está señalado como uno de los jefes de los grupos de autodefensa del chavismo y según la DEA es parte del Cártel de los Soles, una organización criminal integrada por narcotraficantes colombianos, exmiembros de las FARC y el ELN, y dirigida por funcionarios del gobierno de Maduro y mandos militares de ese país.
Para surtir a los CLAP, el régimen de Maduro decidió asociarse con un grupo de empresas mexicanas para que, desde México, les enviaran los paquetes de comida lista para la distribución entre las bases sociales del chavismo. En los acuerdos participaron Alex Saab y Álvaro Pulido, que serían los intermediarios de las empresas mexicanas con el gobierno de Maduro. Esos personajes también operan otro negocio: el del narcotráfico asociados con grupos provenientes de las FARC y el ELN, se involucraron ilegalmente en la minería y, según denuncias presentadas por la oposición venezolana, Saab es el responsable de la exportación ilegal de oro y otros minerales, como el coltán, desde Venezuela.
En 2018, fueron incautadas 46 barras de oro en Aruba en un navío que se dirigía a Dubái, que fueron exportadas por el ELN, a través de una empresa de Saab, quien posteriormente fue encarcelado en Cabo Verde, regresando de Irán, fue juzgado en Miami y tiempo después canjeado, durante el gobierno de Joe Biden, por presos estadunidenses detenidos en Caracas. La semana pasada el gobierno de Delcy Rodríguez, a pedido de Washington, lo envió de regreso a Estados Unidos.
La investigación de la DEA dice que en 2017 se descubrió que las despensas que se enviaban desde México a Venezuela se vendían a sobreprecio y que los productos enviados eran de mala calidad, lo que provocó un escándalo internacional.
Las sospechas de empresas mexicanas en el esquema de lavado de dinero venezolano iniciaron cuando un barco con contenedores destinados al CLAP hizo una escala en Puerto Limón, Costa Rica, en un muelle de la empresa estatal venezolana Alunasa, un comercializadora de aluminio. Según investigaciones de la DEA esas escalas se repitieron y servían, sobre todo, para lavar dinero desde Costa Rica. El dinero es descargado en los muelles de Alunasa y se invierte, vía bancos locales, en los bancos Evrofinance Mosnarbank, Gazprombank y VTB, de origen ruso y todos sancionados por el gobierno estadunidense. En el primero, el gobierno de Venezuela es propietario de 49% de las acciones, y el resto lo comparten las otras dos instituciones financieras. Ese dinero termina en las cuentas de Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, dos de los principales funcionarios acusados de encabezar el Cártel de los Soles.
LUZ Y ULISES
Dos pérdidas muy sensibles está semana. El sábado falleció Luz Fernández de Alba, una destacadísima intelectual mexicana, esposa de José Carreño Carlón y madre de Paulo Carreño, a ellos y a todos los suyos un enorme abrazo. Y ayer partió Ulises Schmill, presidente de la Suprema Corte de Justicia entre 1991 y 1993, con una valiosa trayectoria política y diplomática, un intelectual notable, querido y querible, casado con la exministra de la Corte, la para nosotros entrañable exministra y procuradora Victoria Adato. Para Victoria y para los suyos, todo nuestro cariño.