Entre asesinatos y narcos protegidos

Abel Murrieta, un político que militó largos años en el PRI, que fue procurador estatal con Eduardo Bours y luego continuó dos años con el panista Guillermo Padrés, fue un hombre respetable, reconocido, que, como él mismo decía, no tenía temores porque no se había inclinado por ninguno de los grupos criminales que operan en el estado, que se movía sin custodias por la entidad.

Quizás un dato que no es menor es que Murrieta era, además, el abogado defensor de Adrián LeBarón, padre de una de las mujeres y niños asesinados precisamente en la frontera entre Sonora y Chihuahua, en un ataque de un grupo criminal que sigue sin estar plenamente explicado. Adrián LeBarón escribió un sentido tuit ante la muerte de Murrieta, y explicó que, por lo menos, dos de los asesinos de su familia fueron detenidos gracias a la colaboración de Murrieta.

Quizás todo esto no esté, tampoco, desligado de hechos que se han dado simultáneamente y que influyen en todo lo que está viviendo Sonora, más allá del propio proceso electoral local que también termina influenciado por estos hechos. Un día antes del asesinato de Murrieta, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de los principales narcotraficantes del mundo a Jesús El Chuy González Peñuelas y a su organización de tráfico de drogas. Dice el comunicado que es uno de los principales traficantes de heroína y fentanilo a los mercados estadunidenses, según un comunicado difundido por el Departamento de Justicia.

El Chuy González opera, sobre todo, en la zona de donde era candidato Murrieta, y desde allí manejaba redes que llegaban a los estados de California y Washington en el Pacífico y algunos estados del centro de la Unión Americana. Llamó la atención que se colocara a Chuy en una posición tan destacada porque éste, en realidad, depende de otros dos grandes narcotraficantes que se han asentado en la región y que están enfrentados, sobre todo, con Los Chapitos (los hijos del Chapo Guzmán) y otros de sus sucesores: esos dos jefes son el Chapito Isidro, desde hace años enfrentado con El Chapo y sus grupos, y otro, el más buscado hoy por hoy por las autoridades estadunidense, Rafael Caro Quintero. Y en toda esa trama, incluidos los hijos del Chapo, se concentra buena parte del tráfico de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos.

El jueves se reunieron en México los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y de nuestro país. En los hechos, prácticamente estuvieron todos los que tienen que estar en esos ámbitos a los dos lados de la frontera. La reunión fue, dicen, agradable, con un buen tono de ambas partes y propositiva. Las nuevas autoridades de la Unión Americana están abiertas a analizar diferentes formas de atacar la delincuencia organizada, pero tienen prioridades muy claras que le hicieron llegar a las autoridades mexicanas: su gran tema es la epidemia de opiáceos, que deja en ese país 60 mil muertos anuales por sobredosis y, sobre todo, de fentanilo. Y para romper esas redes de distribución se debe operar en varios lugares del país, pero, sobre todo, en esa frontera que va desde Baja California hasta Chihuahua, con preeminencia en Sonora, y el control de los territorios, de las rutas, que van desde Lázaro Cárdenas y Manzanillo hasta esa frontera. Lo que llama la atención es que los dos principales introductores son los grupos del Mayo Zambada y el Cártel Jalisco Nueva Generación y ambos se han visto beneficiados en esos días.

Esta semana hemos visto que el Rey Zambada y el Vicentillo Zambada, hermano e hijo, respectivamente, del Mayo Zambada, no sólo quedaron en libertad, sino que, por lo menos en el caso del Rey Zambada, fue quitado de la lista del Tesoro y le fueron regresados sus bienes. Al mismo tiempo, Abigael González Valencia, El Cuini, cuñado, principal lavador de dinero y durante mucho tiempo el gran operador de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, resulta que fue trasladado de una cárcel de alta seguridad a la de Santa Martha, en la Ciudad de México, porque nos enteramos de que será nada más y nada menos que testigo colaborador, pero no para detener al Mencho o para frenar las acciones del Cártel de Jalisco, sino del caso Ayotzinapa, donde este personaje no estuvo ni remotamente involucrado.

Quien decidió otorgar ese traslado y estableció esa condición para uno de los hombres más importantes del tráfico de fentanilo a Estados Unidos fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. El solo traslado del Cuini al mucho más vulnerable penal de Santa Martha y su condición de testigo protegido, que le otorga otros beneficios, llamaron profundamente la atención dentro del propio gabinete de seguridad y mucho más entre los distintos grupos criminales actualmente enfrentados entre ellos.