Hay frases desafortunadas y después está la de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, el día de ayer: “La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado”. Decirlo en un país que el sexenio pasado tuvo 200 mil asesinatos, donde hay 128 mil desaparecidos, donde –como dice el informe sobre desapariciones en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer– los jóvenes y las niñas son dos de los sectores más vulnerables de la sociedad en la actuación del crimen organizado, donde la inseguridad es la norma, es no comprender, entre muchas otras cosas, que la escuela sí es un refugio, un espacio de resguardo para niños, niñas y jóvenes.
La escuela sí debe proteger, y no es por “conveniencia de mercado”, sino porque cuando los niños no están en la escuela están, como suele suceder, en la calle, donde son más vulnerables que nunca, sobre todo cuando se asume que en nuestro país 29 por ciento de los hogares es mantenido por una mujer (esté o no en pareja) que tiene que trabajar para mantener ese hogar y que en muchas ocasiones no tiene otro espacio de contención en dónde proteger, resguardar a sus hijos, que las escuelas.
En una de esas decisiones terribles, insensatas que adoptó el gobierno de López Obrador y no ha remediado la presidenta Sheinbaum, se desaparecieron las estancias infantiles y desde 2022, también por ley, las escuelas de tiempo completo, una decisión criminal que redujo el horario escolar en la educación pública a apenas cuatro horas diarias. La decisión dejó a tres millones 600 mil alumnos sin las 27 mil escuelas de tiempo completo.
Era un programa que había comenzado a operar en 2007, en el gobierno de Calderón, con 441 escuelas de educación básica. Para el final de ese sexenio contaba ya con 6 mil escuelas. Durante el gobierno de Peña Nieto se llegó a 27 mil escuelas, que cubrían a 3 millones 600 alumnos de educación básica. Más importante que eso, en 2012, 27 por ciento de los planteles del programa de escuelas de tiempo completo estaba ubicado en zonas marginales. Al terminar el sexenio de Peña, con la reforma educativa, ese porcentaje había aumentado a 51 por ciento. El programa estaba reconocido nacional e internacionalmente y demostró en sus años de implementación que aumentaba no sólo la calidad de la educación, sino también el de vida de los alumnos en las zonas marginales.
En otras palabras, casi dos millones de niños de las zonas más marginales del país tenían una escuela de tiempo completo, de ocho horas diarias donde, además, desayunaban y comían diariamente, algo que en muchas ocasiones no podían hacer en su casa y menos con la calidad nutritiva que deberían.
El programa fue cancelado en el peor momento, después de que las escuelas estuvieran cerradas –en otra decisión costosísima– dos años por la pandemia, el periodo en el que más creció la desigualdad educativa de la mano con la crisis económica. Fue parte de la contrarreforma educativa de López Obrador, junto con los libros de texto de Marx Arriaga y otras tragedias pedagógicas, y los recursos se destinaron, supuestamente, a mejorar las escuelas, un objetivo que no se se ha cumplido, y que dejó desprotegidos a niñas, niños y sus familias. Que, mucho menos, lo pueden compensar los apoyos clientelares de los programas del Bienestar.
¿Por qué se hizo? Porque no era un programa de Andrés Manuel López Obrador; por razones ideológicas; porque los maestros de la Coordinadora no lo apoyaban; y para destinar más dinero a las fracasadas macroobras del sexenio pasado y financiar desde el gobierno una empresa como Pemex, que pierde más de 500 millones de pesos diarios. Un desastre que afecta mucho más allá del actual debate sobre la reducción de días lectivos decidido para favorecer la movilidad en la Ciudad de México, un pedido de Clara Brugada, incapaz de haber garantizado los servicios necesarios en la ciudad para la Copa de Mundo.
El desastre viene del sexenio pasado y tiene consecuencias mucho más profundas.
IVÁN ARCHIVALDO
El periódico Los Angeles Times confirma lo que ya se venía diciendo en círculos de seguridad desde hace casi un año: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo están negociando su entrega con la justicia estadunidense. Puede ser su única opción ante la derrota que están sufriendo Los Chapitos en la guerra interna del Cártel de Sinaloa y podría ser el último clavo en el ataúd de las acusaciones contra la narcopolítica mexicana. Mientras tanto, aquí siguen pidiendo pruebas.