Arriaga, Ramírez y Ayotzinapa

El show de Marx Arriaga tratando de convertir su oficina en una suerte de auditorio Che Guevara, sirvió como distractor de muchos otros enfrentamientos internos en el movimiento de la 4T, pero también para exhibir algunas de las principales causas de esos conflictos.

Ya se sabe que la SEP le pidió a Arriaga cerca de 200 cambios en los libros de texto para solucionar tanto sus errores evidentes como algunos juicios que confrontaban esos libros incluso con sectores del propio gobierno federal y hasta con decisiones judiciales. Hay errores evidentes, como la fecha de nacimiento de Benito Juárez, pero hay otros, que Arriaga presentó como “legados del obradorismo”, como los relacionados con la llamada Guerra Sucia, con la apología de los movimientos guerrilleros de los 60 y 70, desde Genaro Vázquez hasta la Liga 23 de Septiembre, incluyendo el asesinato de Eugenio Garza Sada, con eventos decididos por la justicia, como la masacre de Acteal, y sobre todo el caso Ayotzinapa, presentado en los libros de texto de Arriaga como un crimen ordenado por el Estado.

El de Ayotzinapa es un leit motiv para los sectores radicales de la 4T a los que pertenece Arriaga y que tienen su principal exponente de poder en Jesús Ramírez y fue una de sus grandes derrotas políticas el sexenio pasado. A pesar de todas las maniobras fuera de la ley para tratar de imponer la visión de que ése fue un crimen de Estado, no lo lograron y, aunque siguen insistiendo en que la llamada verdad histórica (o sea que los jóvenes fueron secuestrados por sicarios en convivencia con policías municipales, y asesinados por los cárteles, porque consideraron erróneamente que eran parte de organizaciones rivales, como está confirmado por los propios participantes y hasta por escuchas realizadas por la DEA a integrantes de Guerreros Unidos) era una manipulación organizada “por autoridades federales y estatales de los más altos mandos”, lo cierto es que algo muy similar a la verdad histórica es lo que concluyó la investigación que realizó la fiscalía especial el sexenio pasado.

Jesús Ramírez, en la desafortunada respuesta que realizó a lo publicado en el libro Ni venganza ni perdón me descalifica por dos cosas: primero, por trabajar en Azteca (descubrió el hilo negro, llevo 20 años en esa empresa de comunicación) y, segundo, por haber escrito el libro La Noche de Iguala (Cal y Arena), la que es quizás la más exhaustiva investigación sobre lo sucedido con la desaparición de los jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa, con información de muchas fuentes, incluyendo militares y de agencias de Estados Unidos, todas ellas documentadas. Ese libro es también una amplísima radiografía del narcotráfico en Guerrero, cuyas vertientes siguen operando hasta el día de hoy. Las conclusiones de ese libro son muy similares a las que la justicia el sexenio pasado concluyó sobre el caso Ayotzinapa.

Pero la mayor manipulación sobre el caso Ayotzinapa, en la que intervino directamente Ramírez, fue el intento, mediante falsos testimonios, de involucrar a militares para justificar el presunto crimen de Estado, una manipulación de la justicia en la que participó directamente el primer fiscal especial Omar Gómez Trejo y el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que convirtieron a sicarios confesos de Guerreros Unidos, luego de varios años de detención, en testigos protegidos para involucrar a mandos militares a cambio de su liberación.

Varios militares fueron detenidos con base en esos testimonios fraguados desde la fiscalía especial. El tema fue motivo de durísimos conflictos durante la administración pasada entre los grupos más radicales, donde participaba directamente Jesús Ramírez, y los mandos militares (y otros funcionarios del gabinete), incluso directamente con el general secretario Luis Cresencio Sandoval. Cuando se dieron las detenciones de los militares, tuve la autorización del general José Rodríguez Pérez, el de mayor cargo de los detenidos, para entrevistarlo.

Jesús Ramírez desde la oficina de comunicación social de la Presidencia hizo hasta lo imposible para impedir esa entrevista, incluso cuando ya estábamos dentro de la prisión militar. Si la entrevista se logró fue porque el secretario de la Defensa, el general Sandoval, no se dobló ante esas presiones y permitió que el general Rodríguez Pérez pudiera dar su versión de descargo. Era tal la distancia entre la Defensa y Ramírez, que el presidente Andrés Manuel López Obrador había autorizado que la Defensa no estuviera, en su política de comunicación, bajo el control de la oficina de Ramírez, mucho menos que éste decidiera el manejo de su comunicación. Hoy, el general Rodríguez Pérez está en libertad porque, como era evidente, no le podían responsabilizar de crimen alguno.

Pero toda esa corriente, que encabeza Ramírez, sigue insistiendo en que los militares fueron los responsable de la desaparición de los jóvenes, así se da a entender en los libros de texto para sexto grado, y siguen responsabilizando de ello incluso a los anteriores y actuales mandos de la Defensa y, por añadidura, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, otro de sus enemigos.

Ese tema es un capítulo central de su narrativa, que va desde Marx Arriaga hasta Jesús Ramírez, pasando por muchos de sus voceros oficiales u oficiosos. No es casualidad que esos mandos militares y ese Gabinete de Seguridad sean, hoy, el mayor y más sólido respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un entorno de creciente división interna.