El gobierno federal puede seguir defendiendo a Rubén Rocha y los otros acusados de no ser parte del Cártel de Sinaloa, puede darles licencias, protegiéndolos con fuerzas federales (no vaya a ser que se escapen o, peor aún, que se los lleven) o escondiendo la cabeza en la arena cual avestruz, pero la realidad los ha alcanzado. Si el lunes la estrategia antidrogas de la Casa Blanca fue un golpe durísimo de realidad, ayer, la presentación de la estrategia antiterrorista y las posteriores declaraciones del presidente Donald Trump simplemente ponen en el límite al gobierno federal.
“No permitiremos —dijo explícitamente Trump— que los cárteles, los yihadistas ni los gobiernos que los apoyan, conspiren contra nuestros ciudadanos con total impunidad. No se permitirá que ningún tipo de terrorista encuentre refugio aquí, en nuestro país, ni que nos ataque desde el extranjero”. Dice el documento presentado ayer: “Seguiremos con nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas por el Presidente [Donald Trump]… Al mismo tiempo, seguiremos atacando sus finanzas y sus redes de suministro de precursores para paralizar sus medios de producción y el movimiento de sus ganancias. Lo haremos en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”, dice el documento.
No es un material aislado, es parte de un bloque perfectamente estructurado, donde se combina esta estrategia antiterrorismo con la antidrogas, con la de seguridad nacional y la de inteligencia. Es un taburete de cuatro patas que se basa en dos principios, el fentanilo es un arma de destrucción masiva que provoca decenas de miles de muertos cada año en la Unión Americana y los cárteles que trafican con fentanilo son organizaciones terroristas.
Como se dijo ayer mismo, esa consideración parte de datos tan duros como comprobar que los cárteles han matado más estadunidenses que cualquier conflicto armado desde la II Guerra Mundial y de que, para erradicarlos, se requiere una estrategia hemisférica con la participación, incluso militar, de todos los países de la región. No es política exterior es seguridad nacional. Hoy, en la lógica estadunidense, sólo Colombia y México no están participando plenamente de ese esfuerzo (Brasil es un caso aparte). En Colombia habrá cambio de régimen en las próximas elecciones, dentro de unas pocas semanas. México se quedará solo y con un discurso soberanista cada día más vacío de contenido: cuando el crimen controla un tercio de la geografía nacional y cuando gobernadores y políticos son parte de la estructura de complicidad y protección de los cárteles, la soberanía está vulnerada desde sus cimientos.
La negativa del gobierno federal a detener y extraditar a los acusados del narcogobierno de Sinaloa es un suicidio político que, además, no se basa en ningún instrumento legal. Esa lógica no ha podido trascender ni siquiera entre la opinión popular, donde crecen cada día las opiniones negativas sobre la actuación del gobierno y la confianza en la justicia.
Y con eso se hunde también la economía. En el primer trimestre del año, la economía decreció 0.8 por ciento. Ayer se informó que la inversión física en el sector público cayó 15.6 por ciento. En términos de la inversión fija directa, la caída fue de 40 por ciento. La inversión fija bruta en febrero disminuyó 0.8% mensual y, anualizada, 3.6 por ciento. Casi todos los días hay reuniones con empresarios y anuncios de inversión que no se reflejan en resultado alguno.
La defensa a ultranza y la negativa a actuar en un caso tan evidente como es la acusación contra Rocha y sus cómplices, incrementa aún más la desconfianza en la seguridad jurídica, en la independencia judicial y en el respeto a las reglas. Todo eso, además, y mucho más, está en la mesa de discusión para la renovación del T-MEC, que con la posición que ha adoptado la administración Sheinbaum en el caso Rocha, se ve cada día más lejana.
No son los medios ni la ultraderecha nacional e internacional ni los deseos intervencionistas lo que tiene al gobierno federal entre la espada y la pared: son sus malas decisiones y los datos objetivos de la realidad que muchos llevamos advirtiendo desde hace meses. Los esfuerzos que realiza el Gabinete de Seguridad son muy encomiables, pero mientras se mantenga la decisión política de no actuar contra, e incluso proteger, las redes de protección y complicidad política con los cárteles considerados narcoterroristas, no habrá avances reales posibles.
Más temprano o más tarde habrá consecuencias con operaciones encubiertas o incluso militares, pero mucho antes que eso, lo cual ya está ocurriendo, habrá consecuencias económicas y financieras. El gobierno federal, en medio de su discurso sin sentido, tendría que revisar lo que implica en la lucha contra el terrorismo las atribuciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en el terreno económico. Por lo pronto, a través del FinCEN y la OFAC, ya han comenzado a pedir información sobre movimientos y cuentas en México y en el mundo. No sólo se cancelan y cancelarán visas, sino también cuentas y propiedades de sospechosos e involucrados, y de empresas que hagan negocios con ellos. El golpe puede ser mucho más duro que un pedido de detención con fines de extradición.