Violencia y desapariciones, el legado

El gobierno federal vive una de sus crisis más intensas. Su estrategia discursiva no alcanza a atenuar las tensiones internas y externas. Las marchas de cientos de miles de mujeres para demandar el fin de la violencia de género exhiben internacionalmente su fallida estrategia, y que ha sido la omisión, laxitud o complicidad el origen de la ola de feminicidios y desapariciones más grave de la que históricamente se tenga registro.

Domésticamente se cuestiona, con cierto grado de desencanto, si el gobierno del centrista López Obrador terminó siendo fallido, tomando en cuenta la invisibilidad que ha generado en torno a los crímenes en razón de género y la desatención de los sectores más pobres, golpeados por la carencia de medicamentos y la violencia del crimen organizado.

Externamente ha logrado movilizar grupos con una gran fuerza en Estados Unidos. Sectores que, pese a que la administración Biden ha tratado de matizar, no puede neutralizar frente a su propio proceso electoral.

Y antes de permitirles acumular un capital político, es probable que Biden termine soltando de la mano al gobierno mexicano, tomando sus propias medidas contra la migración, que ha sido uno de los recursos mexicanos más valiosos.

Esos sectores republicanos y algunos demócratas han decidido confrontar directamente al gobierno de México exhibiendo su tolerancia a los cárteles y su intención de controlar los órganos electorales. Al menos en documentos del Congreso de Estados Unidos —uno de varios que se han filtrado a la prensa— se señala evidencia de que los arreglos de algunos oficiales con los cárteles de las drogas para beneficiar electoralmente a Morena se han salido de control.

El reciente secuestro y homicidio de ciudadanos estadunidenses pone en riesgo el arreglo de tolerancia del gobierno vecino con el mexicano a cambio de frenar la migración en territorio nacional.

A ello se suma la revelación del espionaje telefónico del Ejército al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos y a varios periodistas, cometido por una unidad especial, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana y estadunidense, a partir del hackeo de documentos confidenciales y relacionado con un caso de ejecución extrajudicial.

Regresando a las marchas. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que en 2022 se alcanzaron las cifras más altas en la historia del país de violencia contra las mujeres.

Debe recordarse que en 2015 se comenzaron a desagregar las cifras de violencia de género. Por ello, hoy podemos saber que, bajo el gobierno más feminista, en 2022, 67 mil 315 mujeres fueron víctimas de lesiones intencionales.

Ésta es la cifra más alta desde 2015, cuando sumaron 63 mil 723 casos. Durante 2022 se registró un total de 968 feminicidios, una baja de 4.8% en comparación con 2021, que sumaron un mil 17.

Los homicidios dolosos aumentaron 2.1%, al pasar de 2 mil 749 en 2021 a 2 mil 807 para 2022.

Si bien es cierto que esta cifra no es mayor a la alcanzada en 2019, que fue de 2 mil 875, 2023 inicia con una tendencia alta.

Por lo que respecta a las desapariciones, México cerró 2022 con un acumulado de 109 mil 171 casos. De acuerdo con el diario San Diego Union-Tribune, los colectivos de madres buscadoras, aparte de no recibir ayuda estatal, son acosados por el crimen organizado.

La ONU Derechos Humanos ha condenado la inacción del Estado mexicano ante las desapariciones forzadas en su territorio, lo que viola el derecho internacional.

El gobierno federal respondió a críticas de congresistas de Estados Unidos que México no es una colonia. Pero tampoco es una isla en la que se pueda decidir arbitrariamente sobre los derechos humanos de sus habitantes. El gobierno mexicano parece no tener argumentos para defenderse internacionalmente.