Que no quede nada

En algún momento de 2022 el Presidente dijo que, si percibía que la oposición tuviera posibilidad de ganar las elecciones de 2024, haría lo posible por modificar toda la estructura pública para que les costara trabajo reconstruirla. Su racional era que dificultaría reconstruir un régimen de privilegios.

No está claro si sus encuestas estén dándole el panorama previsto para poner en marcha esa estrategia, pero el ímpetu de su partido en el Congreso para desaparecer y fusionar organismos pareciera indicarlo.

Tampoco queda claro si se ha medido el costo de que ello pudiera ser un intento por obtener los recursos para concluir sus obras emblemáticas, pero sí plantea un escenario preocupante con al menos tres rutas.

La primera de ellas es que, si la Presidencia la ganara uno de sus precandidatos, el margen de recursos para operar la estructura gubernamental sería no sólo deficitario, sino que muy rápido entraría en una crisis en el sistema de salud y de atención a grupos vulnerables, por ejemplo.

No se puede operar un gobierno sin dependencias eficaces y desconcentradas, y sin recursos para programas prioritarios. Tampoco cuenta con funcionarios capacitados en la gestión gubernamental. La cobija, como se dice, va a ser muy corta y poco margen de gestión tendrá.

La segunda consiste en que la campaña del candidato presidencial iniciará con un lastre. No va a poder ofrecer continuidad, porque si bien eso satisface a su base dura, los sectores desencantados preferirán otra opción. El continuismo, en este caso, operará en contra dentro y fuera del país, aunque se piense, ingenuamente, que el exterior no vota.

La razón es que México será la mejor plataforma de las elecciones de Estados Unidos, que coincidirán. Las vinculaciones de oficiales gubernamentales con el narcotráfico, la persecución de los cárteles vinculados a esos oficiales del actual régimen y la ruptura de la protección generará más violencia. Los candidatos deberán distanciarse de estos vínculos directamente con quien los creó. Ése será un escenario muy complejo para los aspirantes.

Es decir, no sólo la oposición mexicana hará campaña contra el candidato del oficialismo, sino los partidos Republicano y Demócrata.

La tercera ruta es que el país deberá perder, al menos, una década para reconstruir las instituciones, refinanciar los programas sociales, reencarrilar la economía y fortalecer el Estado de derecho y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. El panorama es, sin duda, complejo.

Un ejemplo del impacto del achicamiento del gobierno es la modificación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que sería trasladado al DIF nacional para convertirlo en una unidad administrativa, con el argumento de que sus funciones están duplicadas.

La Red por los Derechos de la Infancia en México ha evidenciado que el costo de la unidad es de sólo 73 millones de pesos al año, y que tal fusión destruirá su capacidad para coordinar las estrategias y políticas públicas a favor de las infancias.

Tania Ramírez, su coordinadora, explicó que atenta contra el interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4to constitucional; contradice el principio de progresividad de otros derechos, además de violar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La rapidez con la que los legisladores del partido en el gobierno están llevando este achicamiento deja ver una serie de contradicciones constitucionales que deberán llevarse ante los tribunales. La judicialización de la política es consecuencia de la falta de diálogo.