Morena y su laberinto

Después del 68, el asesinato de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y su esclarecimiento se convirtió en un reto para el primer gobierno que se reclama de izquierda, pero no pudo resolverlo porque se encuentra atado a complejas lealtades o dinámicas inconfesables: las Fuerzas Armadas y el crimen organizado

La verdad de Morena no es menos compleja que la del peñanietismo y todo indica que no responderá al reclamo social de encontrar al responsable. Si se sostiene que fue un crimen de Estado, al no resolverlo sigue siendo el Estado el responsable, es decir, el gobierno federal actual.

En su momento, el presidente Peña Nieto vio en ese caso una oportunidad para generar un costo político al PRD que gobernaba Guerrero, entidad que ya vivía un proceso electoral, y el tema se convirtió en un conflicto de alcance internacional. Lo mismo ocurrió con el lopezobradorismo, que utilizó el dolor de las familias para sacar provecho electoral y, ya en el poder, les falló.

Hoy, al cumplir cuatro años de mandato, el gobierno se encuentra perdido en su laberinto y en su desesperación, ha decidido privar a los mexicanos del derecho humano a la verdad.

Lo que atestiguamos es una desesperación por el fracaso de su política de seguridad. Así lo muestran los datos oficiales que indican un pronunciado aumento de la violencia de los cárteles, los homicidios y feminicidios que alcanzan cifras históricas, y las desapariciones forzadas cometidas por las Fuerzas Armadas y las bandas criminales.

Ésa es la fuente de las constantes amenazas a la independencia judicial y su insistencia en deslegitimar a las personas juzgadoras, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte.

Sin embargo, hay que hacer un alto para entender esta lógica del ciudadano López Obrador. En su vida política como opositor ha sido víctima indudable de otros gobiernos y en otras ocasiones se ha victimizado, también, como una estrategia política.

Ser víctima es su estado funcional. Pero al llegar al poder su racional no cambió; no sabe funcionar como gobernante. Por eso tenemos un gobierno que no ha empezado a gobernar. Muy probablemente termine diciendo que nunca lo dejaron gobernar.

De ahí provienen los fantasmas de los “señoritingos”, las conspiraciones nacionales e internacionales, de la mafia del poder, el temor al feminismo. Y, por supuesto, de los traidores a la patria que existen al interior de su propio gabinete. Por eso no importa quién ocupe tal o cual cartera, él es quien decide al final.

No extraña, entonces, la persistencia en desprestigiar a los jueces federales y a algunos ministros de la Corte, porque está construyendo la justificación perfecta para deslindarse de los fracasos de una política de seguridad que ha producido más víctimas y desaparecidos.

Ha dicho que no quiere ser cómplice de la Suprema Corte ante la posibilidad de que frene su populismo penal, pero sí quiere influir en la elección del nuevo presidente o presidenta del Alto Tribunal, cosa que debe llamar la atención y a la acción no sólo de las barras y facultades de derecho, sino de los legisladores, la sociedad civil y la ONU misma.

El Poder Judicial federal es nuestra única garantía de que todas las acciones de las autoridades se conduzcan bajo un orden constitucional.

Ante la construcción de una narrativa de corrupción generalizada al interior de éste, las respuestas deben ser constantes. No se trata de dejarlas pasar, porque el daño reputacional puede ser irreversible.

Quién gana desprestigiando a las personas juzgadoras federales, sólo aquel gobierno que quiere pasar sobre el pacto social que todos nos hemos dado.

Porque primero serán los hijos e hijas de unos y luego serán los de todos. Bajo esta estrategia, todos perdemos, porque todos fuimos responsables.