La política hacia Cuba rara vez depende sólo de La Habana; depende del entorno habilitante regional, que parece estar reordenándose con rapidez tras dos hechos que, juntos, cambian los incentivos: la operación estadunidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro —y la consecuente reconfiguración venezolana— y el giro de Washington hacia una estrategia de estrangulamiento energético sobre la isla, incluida la amenaza de aranceles a quienes le faciliten petróleo.
Cuba enfrenta un futuro más estrecho: menos margen financiero, más vulnerabilidad eléctrica y mayor presión logística. En los últimos días, incluso la embajada de EU en La Habana ha advertido a sus ciudadanos sobre posibles protestas, apagones y escasez de combustible, señal de que Washington lee —y desea acentuar— un deterioro interno.
Aquí aparece México. El gobierno mexicano construyó en años recientes una diplomacia de solidaridad con Cuba y, en la práctica, Pemex ha sostenido envíos bajo contrato desde 2023, con un costo anual de casi 500 millones de dólares. Hoy, esa relación se vuelve un riesgo material: México puede quedar expuesto a medidas comerciales si Washington decide convertir el tema energético cubano en prueba de alineamientos.
Para la política exterior mexicana, el dilema es de costos por aranceles y fricción bilateral versus beneficios: capital político que México ya no tiene porque se va aislando por una supuesta coherencia ideológica.
En los años recientes, México ha querido manejarse como una isla, apartándose del derecho internacional y desmantelando sistemáticamente las instituciones democráticas, pero enredándose en vínculos complejos con el narcotráfico. La incertidumbre económica, como consecuencia, es palpable.
Colombia también ilustra el cambio, pero conviene matizar la premisa: más que un “alineamiento” automático de Gustavo Petro con Donald Trump, lo que se observa es una negociación pragmática bajo nuevas correlaciones de fuerza. Petro acaba de reunirse con Trump y presentó el encuentro como positivo, con agenda centrada en narcotráfico, seguridad regional y energía. Eso sugiere una Colombia intentando evitar quedar en el bando “objetivo” de Washington, sin necesariamente renunciar a su discurso propio.
¿Cambió la configuración política latinoamericana? Sí, en dos sentidos. Primero, por la reaparición de una política estadunidense más interventora y transaccional, cuyo mensaje disciplinante es que el costo de desafiar a Washington puede volverse inmediato (Venezuela) o acumulativo (Cuba vía energía y terceros).
Segundo, porque varios sistemas políticos de la región están girando hacia agendas de seguridad dura y cooperación más estrecha con EU, como sugieren resultados electorales recientes en Centroamérica y el clima preelectoral 2026.
El caso de Nicaragua queda como prueba final de consistencia: un régimen represivo, dependiente de la economía y de la capacidad de controlar migración y oposición, que podría enfrentar más aislamiento si se corta el triángulo de apoyos (Caracas–La Habana–Managua). Pero también hay lecturas que plantean ambigüedad en la prioridad estadunidense hacia Ortega, por cálculo migratorio y de seguridad. En paralelo, el respaldo político de Trump a candidaturas afines en la región convierte las elecciones en piezas de una estrategia de influencia.
Para Cuba, el escenario más probable no es una “apertura” inmediata, sino un periodo de presión máxima con ventanas de negociación condicionada: reformas verificables a cambio de oxígeno económico. Esa lógica ya aparece en análisis recientes sobre la fragilidad cubana y el dilema de una política estadunidense que combina castigo energético con objetivos de cambio político. La pregunta decisiva es quién paga el costo de la transición: si el régimen cubano, que podría endurecer el control; la sociedad, que sufre el ajuste, o los aliados externos como México, a quienes Washington pretende hacer corresponsables.