La República primero

No sabemos hasta dónde estará dispuesto el actual gobierno a estirar el conflicto con las Fuerzas Armadas y hasta dónde el actual alto mando de la Sedena aguantará las disidencias internas que alertan que se ha llegado al más preocupante desprestigio luego del 68.

Las versiones que se comentan en los pasillos de una de las Fuerzas Armadas son que se han hecho reiteradas advertencias de que el equipo del Presidente ha cometido errores en la estrategia de comunicar la necesidad de su presencia en zonas tomadas por la delincuencia y las ha colocado en el centro del conflicto con instituciones con las que tenían una relación de respeto.

Lo interesante de estas versiones es que coinciden en que hoy enfrentan una gran vulnerabilidad por aceptar posiciones de las que deberán retirarse en 2024, no importa qué partido o coalición gane la Presidencia.

Y, ciertamente, nunca antes las Fuerzas Armadas habían estado en el centro del escrutinio nacional e internacional.

Pero es ahí donde el Presidente las ha colocado, es el precio a pagar. La sesión del Senado del miércoles pasado fue la más intensa confrontación pública, pese a los fallidos intentos de los legisladores de Morena, quienes llegaron, en particular una, a la vulgaridad. La intervención del senador Germán Martínez fue una respuesta del orden democrático a los intentos del titular de la Sedena de intervenir en la política y reconvenir a un legislador.

La milicia tiene límites y debe respetarlos. Dijo: “Si acaso usted valiera más que los mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar”.

En su pasada edición, The Economist publicó un análisis titulado “AMLO y las armas”, en el que subraya que las democracias que entregan a sus Fuerzas Armadas demasiado poder, terminan siendo menos democráticas.

Y plantea textualmente que “bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México, que nunca tuvo una dictadura militar, puede estar corriendo ese riesgo”.

El análisis resalta el cambio de postura que ofreció a sus electores en 2018 de regresarlas a los cuarteles, para luego darles un poder nunca antes visto por un presidente mexicano. El argumento de que las Fuerzas Armadas son menos corruptas, afirma, pareciera contrastarse con la forma deficiente con las que ha realizado las tareas administrativas que aceptó del Presidente.

Y este último tema no es nuevo porque ya desde 2014 la Auditoría Superior de la Federación había documentado irregularidades en las obras de infraestructura que le fueron encomendadas, llegando incluso a cuestionar sus facultades para realizar tales tareas.

Y en su reporte parcial sobre 2020 —siempre lleva un desfase natural— indicó que la Sedena debía aclarar 75 millones 686 mil pesos, en tanto que la Secretaría de Seguridad, 63.5 millones, y la Semar, casi 1.5 millones de pesos.

Para la publicación inglesa, “si bien existen pocas posibilidades de que los generales tomen el poder político, su creciente influencia es riesgosa”.

No hay duda de que la estrategia de empoderar a las Fuerzas Armadas, que nunca han sido sometidas a controles institucionales sobre sus gastos y procesos internos, hace que éstas choquen con los principios democráticos y los intereses de los mexicanos.

Una reflexión pertinente que plantea el semanario es que la democracia mexicana prácticamente nació en el 2000, cuando el PAN derrotó al PRI. Y apenas 22 años después, un gobierno que se dice de izquierda le ha dado todo el poder al Ejército, poniéndola en riesgo.

El tono de los reclamos a las Fuerzas Armadas en el Senado es el refrendo de que somos una República y queremos seguirlo siendo. Eso deben pensar los altos generales y la tropa.