La Corte y el motín

México se asemeja a aquella anécdota de un grupo de amotinados que, al acabar con la tripulación, se da cuenta que nadie sabe manejar la nave. Los efectos negativos de la dislocación ideológica del Estado son visibles y deben alertarnos de una coyuntura de gran peligro. Octubre marca el inicio del proceso de sucesión en la Suprema Corte, y a todos corresponde actuar para que ésta se procese con plena autonomía.

Las y los ministros, de acuerdo con las reglas internas, hacen públicas sus intenciones de presidir el Tribunal Constitucional y, en un mecanismo de trasparencia generado por ellos mismos, difunden en su página web institucional sus propuestas de trabajo.

No hay gobierno o actores públicos externos que no busquen influir en la sucesión de la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, pero la forma de construirse las mayorías internas es muy distinta a la de otros cuerpos colegiados del Estado mexicano.

Las barras, colegios y asociaciones de abogados, las facultades de derecho y las organizaciones no gubernamentales deben motivarse, como nunca antes, a construir los pesos específicos para que los jueces constitucionales procesen esta sucesión.

El asedio del oficialismo es constante, las denostaciones públicas contra sus integrantes evidencian una altura democrática muy pequeña. Para desprestigiarla se ha recurrido a las comunes campañas negras: cuánto ganan, qué se podría construir con esos recursos —supongo que llenar el hoyo negro de las obras sexenales—, y un largo etcétera, como si pudiéramos tener ministras o ministros de tres pesos.

Por supuesto que estas campañas engañan a las personas, y especialmente a las clases populares, construyendo la narrativa de que la Corte es un cuerpo de funcionarios corruptos y privilegiados.

Esta desproporcionalidad es abusiva porque, de entrada, el oficialismo sabe que, por su naturaleza —el llamado Tribunal Pleno, es decir, el conjunto de las 11 ministras y ministros que deciden colectivamente el rumbo de la interpretación de la Constitución— no pueden defenderse en una arena política.

Los populismos se evidencian cuando sus primeros actos se dirigen a minar la independencia de las cortes o tribunales supremos. ¿Por qué? Porque su función de custodia de la Constitución les incomoda. Por ello, tanto la ONU, como la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos recomiendan como ciudadanos que cuidemos la independencia de nuestras cortes y juzgadores federales, porque son los únicos que nos pueden defender de los abusos de esos gobernantes. La militarización es uno de esos casos.

Además, las convenciones internacionales relacionadas con la garantía de independencia judicial recomiendan que sus integrantes tengan salarios dignos, que no los haga susceptibles a la corrupción.

Actualmente, tenemos ejemplos. Se bajaron a tal nivel los salarios de funcionarios con altas responsabilidades, que hoy la corrupción sigue presente.

Ejemplo del asedio es la pretensión de Morena en la Cámara de Diputados de reformar la Constitución para rotar a los jueces federales cada cinco años, alegando, no demostrando, que de esa forma se evita la corrupción.

Esperemos que la oposición no se sume, porque el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos de rotación, en función del tipo de juicios —vidas enteras de especialización de los juzgadores— que se llevan a cabo en el país y sus cargas de trabajo.

En días veremos desplegarse estrategias para enlodar la reputación de las y los ministros. Presiones habrá, pero pocos conocen cómo se gestionan las sucesiones internamente.

Debemos cuidar a nuestro máximo tribunal, porque intentar vulnerarlo nos lleva a escenificar a ese grupo de amotinados que, con tal de hacerse del poder, terminan estrellando la misma nave en la que viajan.