La Corte resiste, ¿adiós al 68?

El que un político cambie sus promesas de campaña al asumir la presidencia ocurre en el mundo, dado el desafío de gobernar. El reconocimiento presidencial de sacar a los militares a la calle lo deja en una compleja situación frente a sus seguidores y el mundo, justo en el contexto de la crisis de derechos humanos que enfrenta México. Al final, se asemeja en circunstancia al calderonismo.

No es una buena noticia para los mexicanos, especialmente para los más pobres, porque en este drama de derechos humanos y la incapacidad de reencauzar el sistema de justicia penal, que ha generalizado el encarcelamiento de personas de escasos recursos —así lo muestran las encuestas—, ahora se suma la intención de militarizar el país violando la Constitución e impulsando la prisión preventiva automática, lo que alienta los encarcelamientos y premia la ineficiencia de las fiscalías.

Una noticia alentadora es la decisión del Tribunal Constitucional. El ministro Luis María Aguilar retiró su proyecto para construir una salida en favor de los derechos humanos, con lo que se asumiría un criterio para que los juzgadores no concedan en automático la inconvencional prisión preventiva oficiosa (PPO) al Ministerio Público y hagan una valoración exhaustiva.

La ministra Norma Piña retiró también su proyecto, delineando la posible ruta, en la que la mayoría de las y los ministros concordaron en sesión previa.

Los datos revelados son preocupantes: 65% de los presos bajo PPO no tienen secundaria; 50% son menores de 35 años y el 20% son indígenas y afromexicanos, que en su mayoría no hablan español. Ésas son las víctimas que Morena pone en riesgo, los pobres.

Además, navega en contradicción: por un lado, libera al hijo de un narcotraficante y, por el otro, ordena al Ejército no perseguir a criminales.

Para qué, entonces, se quiere a la milicia en la calle. La probable respuesta es que, sin un ejercicio de evaluación y planeación estricto, guiado sólo por la animadversión al calderonismo, se disolvió la Policía Federal y se vio en la compleja realidad de que las políticas pasadas de reconstrucción de las policías estatales también habían fracasado.

La dirigencia del PRI, para justificar el apoyo a Morena con su iniciativa que prolonga de 2024 a 2028 el regreso de los soldados a los cuarteles, dice que los gobernadores reclaman su presencia en los territorios. Pero lo que no dice es que, dada la libertad con que se mueve el crimen, no puede ser combatido por las policías locales que no tienen facultades ante delitos federales ni armamento.

He escuchado a legisladores morenistas preguntarse si el Ejército ha cometido el error al pretender entablar un diálogo “social”, prometiendo a los ciudadanos que la Guardia Nacional seguirá siendo civil.

Interesante, porque, uno, es mentira que sea civil y, dos, porque, al asumirse como un interlocutor, ¿no estaría suplantando al poder civil que representa su propio comandante supremo?, reflexionan.

En una democracia, dicen, el Ejército no habla con los ciudadanos, se habla con el Presidente de la República, porque no es un poder autónomo, no es un actor político de libre acción, sino con funciones restringidas que se debe a los ciudadanos y a la Constitución.

Quiere caminar a la esfera del diálogo ciudadano generando incertidumbre sobre si el Presidente tiene el control, dicen.

El senador Germán Martínez describió: Morena deja sin significado las muertes del 68, el halconazo y Ayotzinapa con su propuesta militarista.

En otro orden, en la Corte es un hecho que la incapacidad del gobierno para procurar justicia y respetar los derechos humanos ya fue juzgada y condenada.

Se buscará desprestigiarlos mintiendo: no se liberará a presuntos responsables y tampoco se contrapone con las víctimas, a las que sí se priva de la verdad.