La Corte, ni corrupta ni facciosa

La Suprema Corte no es ni corrupta ni facciosa. Tampoco se ha aliado con ningún grupo de poder ni conspira contra tal o cual opción política. Su misión, única y vital para la democracia, es la de cuidar que todos los actos de la autoridad se apeguen a la Constitución. Y eso es algo que no les place a los actores políticos de cualquier signo. Se resisten a ser controlados por la máxima ley.

¿Qué sería de este país si no existiera ese control constitucional? Justo perder todo lo que hemos ganado en libertades, transparencia, rendición de cuentas, manejo autónomo de las elecciones y la preservación de la vida, por la protección de fuerzas civiles federales y locales.

Supongo que los votantes no sufragaron para transitar hacia un régimen que les limite las libertades, que deje actuar a los cárteles del crimen, que le asesine a sus hijas e hijos, que encubra la corrupción y tenga a los militares en las calles cometiendo excesos —donde se asesina a ciudadanos, mujeres embarazadas, jóvenes— y para que el Estado se retire de enfrentar a quienes violentan el orden.

El gobierno federal en turno está terminando. De acuerdo con datos oficiales, deja pendiente a sus electores y a los mexicanos un país pacificado y sin violencia.

Estos datos indican que es en el que más asesinatos y desapariciones se han registrado en la historia moderna de México. Con militares en las calles y con funciones que un gobierno de izquierda no permitiría.

Todo indica que el gobierno saliente deja como herencia la necesidad de reconstruir el país, desde sus instituciones garantes del equilibrio del poder hasta las de salud. Se perderán décadas para que volvamos a alcanzar en la economía, en el equilibrio de poderes, en transparencia, en servicios de salud, niveles que se tenían antes de 2018.

No defiendo los anteriores gobiernos, no tengo militancia alguna, pero las propias cifras oficiales así lo permiten estimar.

Muy probablemente usted temía votar por una opción de izquierda. Déjeme decirle que, en realidad, no lo hizo. ¿Por qué?, porque las izquierdas están en contra de que los soldados patrullen las calles, de restringir la participación activa de la sociedad civil, de que se espíe a los ciudadanos, de que la transparencia no se ejerza sobre todos los actos de autoridad y actúa contra la corrupción, no toleran las desapariciones de personas ni atacan políticamente los movimientos feministas ni toleran las violaciones de derechos humanos.

Los gobiernos democráticos, en general, dialogan con sus opositores, negocian, construyen acuerdos. Es cierto, también pierden sus iniciativas en los congresos y en las cortes o tribunales supremos, y cuestionan y reclaman, pero no destruyen las instituciones.

No lo digo yo, lo dice el Inegi en su Encuesta Nacional de Seguridad Urbana: a nivel nacional, en marzo de 2023, 62.1% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, mientras 68.1% de las mujeres y 54.8% de los hombres opinaron lo mismo.

Las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura fueron: Fresnillo, 96.0%; Zacatecas, 94.3%; Naucalpan de Juárez, 88.0%; Ciudad Obregón, 86.4%; Uruapan, 86.2%, y Colima, 85.7 por ciento.

Los ministros de la Corte que hicieron mayoría describieron que en el pase de la Guardia Nacional al Ejército, por ley secundaria, se cometió “fraude a la Constitución”.

Ello implica, en lenguaje ciudadano, que el gobierno y su mayoría en el Congreso intentó ir por encima de la Constitución para militarizar el país.

Dirá el lector que fueron atrevidos y que no temen las consecuencias. La mejor respuesta es que son hombres y mujeres que cuidan que nadie viole nuestros derechos humanos. Protestaron, al igual que los juzgadores federales, defender la Constitución.