Exclusión de género frena el mundo

La discriminación de género cuesta a la economía mundial 12 billones de dólares anuales, que equivale al 16% del PIB global. Y la violencia de género aumentó 27%, enfáticamente en regiones en desarrollo. El país no escapa.

México registró en el periodo de enero a noviembre de 2022 el asesinato de tres mil 450 mujeres. De ellos, 858 casos se clasificaron como feminicidio, lo que debe ponerse en duda por la capacidad ministerial para realizar esa clasificación con precisión.

De acuerdo con la organización Cima noticias, tan sólo el martes 3 de enero de 2023, con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron 69 homicidios en el país, de los cuales 33 podrían corresponder a feminicidios.

Ambos indicadores globales, generados por la OCDE, la OMS y Oxfam, se suman a un conjunto de factores que propician tensiones, polarizaciones y debilitamiento democrático al interior de muchos países, lo que genera una caída en su grado de influencia a nivel internacional.

Esta última es una tesis de sumo interés publicada por Amitav Acharya, titular de la Cátedra UNESCO de gobernanza y desafíos transnacionales y profesor distinguido en la Escuela de Servicio Internacional de la American University, en Washington.

El impacto de la discriminación de género en la productividad nacional reduce la oferta laboral, debido a que restringe o “limita el acceso de las mujeres a la educación, los negocios, la política y otros rubros de la actividad económica”, además de que reduce la oferta laboral.

En su texto “Las jerarquías de la debilidad”, para Foreign Affairs, expone que esta circunstancia se une a una serie de factores que reproducen los gobiernos y que los van debilitando internamente, afectando su gobernanza interna e influencia exterior.

No aborda el tema de México en concreto, pero podemos ver históricamente cómo éste ha venido perdiendo influencia regional, en la medida que la polarización crece, la brecha entre las clases sociales se amplía, es decir, hay más personas en pobreza extrema y en pobreza laboral, y las instituciones democráticas se debilitan.

El enfoque sobre la inclusión de las mujeres es importante porque, a pesar de los esfuerzos —muchos enmarcados en el índice ESG—, no se logran resultados concretos ni en las empresas ni en los gobiernos.

Acharya resalta que, mientras las divisiones de clase, raza, género y religión aumentan en el mundo, hay claras evidencias de que, al disminuir, los países refuerzan su poder internacional.

Por ello, si se dota a las mujeres de derechos legales y mejora su acceso a la educación, la salud, los servicios financieros y la tecnología, no sólo beneficia los derechos humanos o la justicia social, sino que aumenta la productividad.

De acuerdo con Oxfam, “las mujeres en la fuerza de trabajo remunerada en Latinoamérica contribuyeron con 30% a la reducción de la pobreza entre 2000 y 2010”.

El Instituto Global McKinsey estima que para 2025 la inclusión total de las mujeres en la fuerza de trabajo remunerada aportaría a la economía mundial el equivalente a 28 billones de dólares.

Acharya concluye que algunas instituciones democráticas usan las divisiones sociales con fines políticos, porque, a medida que las disparidades se enfatizan, se debilita la capacidad de los países de Occidente para contrarrestar la propagación de las autocracias.

Entonces, la existencia de grandes grupos en pobreza y la desigualdad de ingresos sirven a las autocracias y a los populismos para prolongar su presencia en el poder.

Acharya subraya: “Los (países) que mejor desarrollen y controlen su poder intrínseco al asegurar una distribución salarial más justa y disminuir las prácticas discriminatorias, disfrutarán más estabilidad e influencia en el largo plazo”.