Estado de derecho o todos pagaremos

El Estado de derecho es el marco que permite la gobernabilidad y en el cual el gobierno, las instituciones, las autoridades, entidades privadas y las personas se someten a las leyes que se hacen cumplir. Los juzgadores federales y la Suprema Corte son el instrumento que garantiza que ninguno de éstos atropelle los derechos de los otros.

Por ello, es de saludar los recientes pronunciamientos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que aglutina a una porción de los litigantes, y de la Coparmex, sindicato patronal que engloba a una amplia mayoría de las empresas, en defensa de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes constantemente son hostigados por el gobierno federal, inconforme con sus resoluciones.

Son sin duda excesos los del Ejecutivo federal, porque como cualquier parte en un juicio tiene el derecho de expresarse en contra de una resolución, pero no haciendo uso de un poder desmedido para deslegitimar a quienes la Constitución les ha dado esa gravísima función de ser garantes del Estado de derecho.

Ese comportamiento antidemocrático permea a otros funcionarios que, como en el caso del gobierno de Veracruz, se sienten en la libertad de denostar a los juzgadores.

Usted se preguntará qué hay en el fondo. Justo la ineptitud en el litigio de sus casos. Los juzgadores no pueden hacer alianzas, ni sumarse a cruzadas en contra del delito, porque comprometen su autonomía. Su alianza es con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.

Si una autoridad presenta argumentos viciados o ha violado ordenamientos creados por los propios Congresos de la Unión y locales o cometido errores en la detención de presuntos criminales o los ha torturado, etcétera, evidentemente que la responsable por incapacidad es ésta y no el juez por su resolución.

Lo que muy poca gente sabe, y quizás a otra ni le importe hasta que se vea involucrada en un juicio, es que el PJF fue construido por el Constituyente Permanente para garantizar una justicia imparcial, debido a que cada resolución puede ser revisada por al menos dos instancias superiores.

Bajo el Estado de derecho todas las instituciones deben garantizar la igualdad ante la ley. Por lo tanto, corresponde a la sociedad organizada defender que nuestros derechos sean garantizados por jueces imparciales, y para ello debemos generar acciones que los defiendan de las injerencias del Ejecutivo federal y de los estatales.

La Coparmex calificó de alarmante que con ligereza se exhiba como negativo el actuar de los juzgadores que, pese a las presiones, hacen su trabajo con estricto apego a derecho, revisando la legalidad de actos relacionados con casos como Ayotzinapa, el Tren Maya, la Ley de la Industria Eléctrica y el nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública.

Llamó a que, en aras de preservar el equilibrio en nuestro país, se proteja la dignidad de la persona y su libertad de disentir; se preserve la división de Poderes, el principio de pesos y contrapesos y se respete el Estado de derecho.

Por su parte, la Barra Mexicana Colegio de Abogados expuso que “el poder del Presidente no es ilimitado, es temporal y constitucionalmente limitado (...) sus actos no pueden ser, deben ser revisados en cuanto a su legalidad y constitucionalidad por otro poder”, que es el Judicial.

Lo exhortó a cesar las amenazas a los juzgadores.

Los pronunciamientos, sin precedentes por su intensidad, describen una alineación de dos sectores importantes ante el riesgo de que el país deje de ser viable.

El Estado de derecho resiste aún, pero si los ciudadanos dan por un hecho que las acciones de un gobierno no les afectará o que alguien más debe defender nuestra democracia, que no haya queja de que no se evitó la destrucción institucional.