Encarcelar a los pobres

La incapacidad de una autoridad para contener al crimen y sus efectos en los ciudadanos se comprueba cuando ésta recurre al “populismo judicial", es decir, ampliar el catálogo de delitos para encarcelar a personas mientras demuestra, o no, su culpabilidad, lo que viola derechos humanos, las convenciones internacionales, fomenta la incapacidad investigadora de las fiscalías y promueve la corrupción.

Traduciendo: mire, nuestros fiscales no están capacitados —las fuerzas armadas no quieren hacer el informe justificado— para integrar la carpeta de investigación, entonces legislemos que esos delitos tengan prisión preventiva oficiosa, los metemos presos y en el camino averiguamos. Ganamos en popularidad. Pero el número de personas pobres e inocentes encarceladas por delitos que pueden juzgarse en libertad se incrementa. Y el proyecto del ministro y expresidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, convergiendo con el de la ministra Norma Piña, pueden poner fin a este contrasentido al nuevo sistema de justicia penal. Si recordamos, este sistema buscaba privilegiar la profesionalización de las fiscalías, hacer excepcional la prisión preventiva —que implica una condena anticipada—, implantar el sistema de justicia penal adversarial, fortalecer los derechos humanos y despresurizar las cárceles.

El gobierno federal quiere darle la vuelta a la presunción de inocencia. Se logró que “todos fuéramos inocentes hasta que se nos demostrara lo contrario”, ahora los imputados deberán esperar que les demuestren los delitos, pero en la cárcel. Hay delitos graves que lo ameritan. El Presidente no sabe de derecho —no tiene por qué saberlo—, pero cuando la tendencia es gobernar con la amenaza de prisión a sus opositores, entonces debe fortalecerse la protección de derechos humanos. Si se logra que los militares patrullen las calles, la cosa se torna más grave. Supongamos que éstos detienen a personas en un retén y los presentan al fiscal con una narración de que intentaron evadirse y que, al revisar el auto, encontraron un arma 9 mm y polvo blanco; pero en la audiencia de imputación ocurre que testigos afirman que el hecho fue distinto y en otra localidad. Lo probable es que les impongan prisión preventiva mientras se aclaran las inconsistencias, porque así lo establece el catálogo a revisarse.

Eso es lo que está en juego. Que la autoridad no viole las convenciones internacionales de Derechos Humanos. Es falso que el ministro Aguilar Morales busque declarar inconstitucional la Constitución, sino valorar la superioridad de las convenciones internacionales, por ser más favorables a la persona, como lo dicta el derecho universal.

Los argumentos del gobierno federal son tramposos y manipuladores. Pudo ser objetivo, pero optó por lo contrario. No van a vaciarse las cárceles de violadores, asesinos, etc. Tampoco se pone en riesgo a las y los juzgadores federales porque, citando al finado ministro Aguirre Anguiano, no saben de lo que están hechos. Ésa es su misión de vida.

Corren más peligro por las agresiones y persecuciones desde Palacio Nacional. Después de todo, ¿no fue este gobierno el que liberó al hijo de un narcotraficante y vulneró al equipo de Fuerzas Especiales que lo detuvo?

Hagamos ficción con un caso reciente. Acto primero, un presidente reconoce ante la prensa que ordenó liberar al hijo de un narcotraficante; acto segundo, deja de ser presidente y un país vecino extradita al liberado, acusándolo de introducción de droga a su territorio; acto tercero, ese país pide la extradición del expresidente por favorecer al personaje y al tráfico de droga. Argumenta que hubo confesión pública de una reunión donde él dio la orden a los jefes de las Fuerzas Armadas, que en teoría serían cómplices. Es ficción, repito.