El Presidente tiene razón

Le asiste la razón al Presidente al afirmar que en breve estaremos entrando a un proceso electoral y que en ese contexto todo suele politizarse. Así explicó la demanda de nueve gobernadores para que renuncie el subsecretario encargado del manejo de la pandemia y un conjunto de cuestionamientos de diversos sectores al desempeño en el manejo del país.

Es necesario fijar los términos de la discusión que habrá de darse en el transcurrir del proceso. En primerísimo lugar el gobierno no es un partido político ni está en campaña, por lo que las críticas a su desempeño y a quienes lo integran son totalmente legítimas y regulares en democracia.

El marco legal obliga a éste a soportar la crítica y los cuestionamientos, al igual que las personas funcionarias públicas, como claramente lo establece la tesis de la Suprema Corte en la que advierte que éstos, por su función, están en un contexto de mayor crítica y no debe suponerse como ataque, especialmente si proviene de la prensa.

Colocar las críticas de la prensa, de la sociedad civil y de los mismos sectores sociales como provenientes de una fuente política (la derecha-conservadora-neoliberal), es elevar una narrativa con fines electorales.

Hago un alto para afirmar que, en la revisión de las expresiones vertidas en las conferencias “científicas”, efectivamente el subsecretario Hugo López-Gatell ha politizado la comunicación. Ha señalado que es mejor y más sano que los medios que lo cuestionan definan cuáles son los intereses que defienden. ¿Será que la vida de los mexicanos no sea el valor más superior?

Lo anterior me da pie para expresar, en segundo lugar, que la prensa no vota, sino que da voz, indaga y desvela el ejercicio del poder en representación del interés colectivo. Es un contrapeso, preguntará el lector, sí.

En democracia no se duda del valor de la libertad de expresión como su pilar y, especialmente, para la construcción de ciudadanía.

Sin embargo, en la narrativa de las autoridades hemos visto cómo se han colocado categorías políticas a sectores cada vez más presentes y activos en la vida política de México, con la finalidad de desacreditarlos.

La categoría adjudicada a los empresarios y a las organizaciones de la sociedad civil son graves cuando vienen de la máxima autoridad del país, pero más grave aún es cuando se toma acción política justamente para actuar en su contra.

No tomar una decisión es, en los hechos, realizar una acción política. Esto lo podemos traducir de la siguiente manera: cuando las autoridades federales decidieron no generar apoyos a las pequeñas y medianas empresas para poder sortear la crisis por el paro de la pandemia, se estaba tomando la decisión de no hacerlo, sabiendo la consecuencia y daños para los trabajadores y la economía.

El problema siguiente es que ese sector ya estaba en la casilla del adversario político. Actuar de ese modo es partidizar las políticas públicas y eso va en contra del ejercicio democrático del poder.

No se puede gobernar sólo para unos y en contra de otros, sobre todo cuando el efecto es el desmantelamiento de la capacidad de operación del propio Estado. Eso es contrario al principio de la política.

En conclusión, sí, el Presidente tiene razón. Pero la ecuación cambió. En tiempos electorales, son las autoridades constitucionales las encargadas de velar porque el gobierno, que no es un partido ni su cabeza un candidato, use la política pública para beneficiar a su movimiento.

Y guste o no, la sociedad civil organizada y la prensa ocupan un mayor papel en el escrutinio, en la vigilancia de que el principio de imparcialidad democrática se cumpla. Se sentirán observadas las autoridades, sí. Eso ocurre en todas las democracias, porque eso de lo que hoy se queja, es lo que se hacía desde la oposición.

La democracia no se consolidó cuando llegó Morena. Dio su gran paso cuando el PRI dejó la presidencia por el voto popular; también cuando regresó, y cuando López Obrador ganó.

Él mismo suele decir: “ya no es como antes”. Si ya no lo es, cómo se explica este extraordinario párrafo del memorándum enviado a los órganos autónomos para orientar criterios en materia energética —lo que ya de sí es un desafío a la constitucionalidad—:

“En lo fundamental, nuestro planteamiento, respaldado por el voto democrático de las y los mexicanos, consiste en regresar, sin ignorar las nuevas realidades, a la política que aplicaron en su tiempo los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos”. El primero, pilar de lo que hoy es el PRI y el segundo, presidente por esas siglas. Y a la izquierda, ¿algún guiño?