El muro... de la ley

El disenso público de Porfirio Muñoz Ledo, quien en su larga historia política ha sido presidente del PRI y del PRD, con las formas como se conduce el gobierno actual frente al diferendo diplomático con Donald Trump, describe fielmente la crisis que enfrenta esta administración.

Se trata, en esencia, de una crisis constante de institucionalidad. Muñoz Ledo, ahora presidente de la Cámara de Diputados, tiene razón al decir que la Cancillería de Marcelo Ebrard invade facultades de la Segob, al pretender coordinar los operativos para detener el flujo de migrantes.

“El país viola la ley interna para satisfacer una demanda de Estados Unidos”, dijo grosso modo. Pero para el lector está claro que Marcelo Ebrard no tomó la decisión solo, sino que siguió una instrucción superior.

Y ése es el asunto de fondo. La presente administración toma decisiones como si no existiera la ley y eso implica contrariarla, invadiendo facultades de las dependencias del gobierno que, al no respetar la institucionalidad, incurre en irregularidades que, inevitablemente, provocan que sean llevadas a juicio. Me explico. Si se toman decisiones que de origen ya tienen un vicio y éstas tienen un impacto en los derechos de las personas, naturalmente van a ser impugnadas ante los juzgados y tribunales federales.

He aquí el segundo tema. El gobierno actual, como cualquier otro en el pasado y en el futuro, tiene límites para que su actuación se guíe siempre con respeto a los derechos y libertades de los gobernados. Estos límites lo obligan a diseñar políticas públicas o a tomar decisiones siempre siguiendo ese marco. Ése es el Estado de derecho.

Entonces, cuando el gobierno se encuentra con un límite legal, no se topa contra una conspiración, sino que tiene que trabajarle más para que sus ideas no violen las leyes. Pero aquí viene un tercer tema. La voluntad de quien dirige esta administración no es suficiente para conducir un país. Sí para darle el empuje de su propuesta de gobierno, pero no para pasar por las reglas del juego. Eso es la institucionalidad. Si esa frontera se cruza constantemente, siempre se va a encontrar contra el muro de la legalidad.

No hay conspiración ni contrarrevolución… es la ley, simple y llana. Por eso vemos que juzgadores federales detuvieron las obras del aeropuerto en Santa Lucía y ordenaron preservar el NAIM, y una Sala de la SCJN concedió la suspensión al IFT para que mantenga sus salarios como los de 2018. No hay conspiración, es la ley. Es el Estado de derecho. Felicitémonos por tener juzgadores constitucionales que hacen su trabajo. He aquí, otra vez, el muro de la legalidad.

En este constante conflicto de institucionalidad surge otro actor vital para la democracia que es la prensa. Todos los presidentes que he conocido han deseado tener una prensa que no los critique, que los entienda y apoye. Pero eso no va a pasar, felizmente, nunca. La función de la prensa es mantener los contrapesos, criticar lo que se hace mal, aunque no se esté de acuerdo, intermediar el interés de las personas. Aquí y en todo el mundo, eso hace.

Suponer que toda la prensa se une para resaltar lo que no se hace bien porque tiene un interés perverso, es no querer entender las reglas del juego democrático.

Veamos cuatro coincidencias: Vicente Fox se quejó de la prensa al acabarse el bono democrático; la acusó de aliarse con los sectores más antidemocráticos del PRI. Felipe Calderón acusó a la prensa de minar su gobierno, por cuestionar la guerra contra el narcotráfico y exhibir las violaciones a los derechos humanos. Peña Nieto se quejó amargamente de que nunca se contaba lo que “estaba bien hecho”.

Hoy, se afirma que la prensa es antidemocrática, es un cártel, se le busca deslegitimar, y se le acusa de no estar del lado del pueblo. Pues sí, sí lo está, de quien no va a estar nunca es del poder. Apréciense las similitudes.

Su función es desvelar los excesos, la corrupción, describir lo que se hace de manera neutral y equilibrada, no aplaudir. Para eso, se crearon periódicos (El Nacional) y agencias (Notimex) del gobierno, aunque si bien esta última debía ser de Estado, da señales preocupantes de ser instrumento de propaganda. Ojalá no.

En la Unión Europea se apoya, incluso con estímulos fiscales transparentes, a la prensa por representar una actividad de interés público. Cuidemos a nuestros periodistas, que arriesgan sus vidas para que tengamos verdad.

Nunca como ahora, la verdad ha costado tanto, en vidas, en calumnias y en acoso.