El gran engaño

El intenso debate generado en torno a la persistencia presidencial de militarizar el país reafirmó una impensable forma de actuar de la autoproclamada izquierda: la corrupción es negociable y puede omitirse su persecución si quien la hubiere cometido garantiza el alcance de los más altos objetivos oficiales.

Podríamos incluso construir el ideario así: “El que, garantizando los más altos objetivos de la transformación nacional, esté en la hipótesis de haber cometido el delito de corrupción en cualquiera de sus formas, será exento de causa penal o persecución política alguna y se le garantizará un lugar a la derecha… en el sitial”.

El embrollo jurídico en el que el oficialismo se ha embarcado le infligió una derrota temporal a Morena en el Senado, que no alcanzó los votos para aprobar la permanencia del Ejército en las calles y provocó que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, revelara que el secretario de Gobernación presionó a opositores para conseguir los votos.

Lo más amenazante para la democracia mexicana es que, de acuerdo con Dante Delgado, también los secretarios de Defensa y Marina habrían presionado a legisladores.

Por ello, el diputado panista Santiago Creel hizo un llamado a esclarecer estos supuestos hechos.

Tratando de cumplir la instrucción del Ejecutivo, se generaron dos escenarios complejos: los diputados que votaron en favor de reformas para permitir a la Guardia Nacional pasar bajo el mando castrense, a sabiendas de que esto viola la Constitución, incurrieron en faltas graves que son constitutivas de juicio político.

Existe otro efecto. Si las Fuerzas Armadas, como en el pasado, querían una garantía jurídica para desplegar sus acciones, ahora la tienen menos, porque al ser inconstitucionales las reformas, todos los actos de la GN son ilegales: detenciones, intervenciones, acciones de prevención, etcétera.

Difícilmente el senador morenista Ricardo Monreal podría alcanzar los votos. En todos los congresos del mundo democrático se cabildea y presiona, pero no se premia la corrupción.

El artículo 110 de la Carta Magna establece, entre otros, que los legisladores son sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen.

¿Eran conscientes del acto violatorio? Sí. Las sanciones que proceden “consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

Someter a juicio político a todos los legisladores suena más que imposible. Quizás a los coordinadores de las bancadas. Pero el trámite debe ser accionado por la Fiscalía de la República.

La Suprema Corte habrá de resolver probables acciones de inconstitucionalidad —¿se materializan los vicios en el trámite?—, las controversias de los estados y la judicatura, los amparos.

Es un gran engaño que los gobernadores legitiman la presencia del Ejército. La administración actual no reconstruyó las policías estatales, estando obligada a coadyuvar. Y si no hay fuerza capaz de enfrentar al narco, los ejecutivos estatales se ven obligados a pedir su intervención. Es una gran diferencia.

La pasividad gubernamental ha generado que las relaciones con el narco se profundicen, de tal forma que las poblaciones las prefieren a la presencia del Ejército. Eso es muy grave. Por eso se considera fallida la estrategia de seguridad.

No combate a las bandas, pero no ha reconstruido el tejido ni tampoco ha generado mejores opciones económicas sostenibles en el tiempo y no regresivas.

Elevar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobernador de Texas —en campaña— es la consecuencia de las sospechosas relaciones del poder con éstas.