Derechos de mujeres en grave retroceso

Los retrocesos democráticos en América Latina y el Caribe, y las condiciones sociales adversas amenazan con detener e, incluso, revertir los avances logrados en los ámbitos de la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, no sólo en el ejercicio de su autonomía, sino también en el desarrollo sostenible de los países de la región.

Ésta es una grave conclusión que revela la CEPAL a través de su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, como parte de una serie de estudios regionales, a la cual hay que agregar que, en el caso de México, este retroceso ha sido enfatizado por la violencia y los feminicidios de los que son objeto las mujeres y que ha merecido condenas de diversos organismos protectores de derechos humanos nacionales e internacionales. Resulta paradójica esta tendencia de los gobiernos cuando las empresas globales, muchas de ellas públicas por cotizar en Bolsa, tienen mejores avances a través de índices de medición, como los llamados ESG o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en el aumento de la participación de mujeres en los consejos directivos y en romper los llamados techos de cristal. ¿Por qué hago esta vinculación con el sector privado?, porque está demostrado que las compañías y las organizaciones ciudadanas, que sí deben recibir dinero de fuentes extranjeras si aquí se les quiere estrangular, transforman dinámicas sociales.

Esto no quiere decir que las compañías irrumpan en la creación de políticas públicas, pero, por su capacidad de generación de empleos, son las primeras en ser impactadas por la ampliación de los derechos humanos de las personas: paridad, equidad, inclusión y diversidad, lo que las lleva a actualizar sus procesos internos.

Conozco hoy muchos ejemplos de compañías que toman modelos basados en las grandes resoluciones de la Suprema Corte en materia de inclusión y no discriminación para crear sus comités internos de diversidad, inclusión, etcétera.

Es inevitable que las empresas se resistan a la tendencia global —generada por sus consumidores, proveedores y accionistas— de incidir en sus entornos sociales. Algunas tienen políticas de no discriminación mejores que las de las entidades públicas.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Según el IMCO, en cuanto a los consejos de administración, las mujeres representan 11% del total de los consejeros, un punto porcentual más que lo que había en 2021. México es el cuarto país con menor presencia de mujeres en el máximo órgano de gobierno corporativo comparado con sus pares de la OCDE, sólo seguido de Hungría, Estonia y Corea (9%). De seguir la tendencia actual, México alcanzaría la paridad en los consejos de administración en 2057.

Regresemos al reporte de la CEPAL. Indica que el nivel regional de participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en el ámbito público se sitúa en torno al 30%, pero si se enfoca en las alcaldías —presidencias municipales—, sólo el 15% de ellas son ocupadas por mujeres.

Eso implica que la democracia paritaria que busca la región está muy lejos de ser cumplida y por ello recomienda tener “más cooperación, más integración, más financiamiento, más mujeres y hombres comprometidos con la igualdad de género en la toma de decisiones”.

Aunque en México la narrativa oficial busca posicionar al actual gobierno como uno realmente paritario, la verdad no lo es si se revisa que el titular del Ejecutivo toma decisiones sobre los ministerios y fija sus propias agendas.

De hecho, una de las grandes contradicciones que México enfrenta, de acuerdo con organismos internacionales, es la violencia de género, derivada, entre otras causas, de un discurso oficial antifeminista y misógino.