Los banqueros han expresado con insistencia, en uno de los foros financieros más importantes del país, una exigencia que ya comparten inversionistas, industriales, exportadores y firmas internacionales: certidumbre jurídica. No se trata de una consigna retórica ni de una defensa corporativa de privilegios. Es la condición elemental para que una economía funcione, para que la inversión llegue, para que los contratos se respeten y para que el crecimiento no dependa sólo de coyunturas externas.
El problema es que el gobierno ha decidido interpretar esa demanda como si fuera una reacción política de la “derecha”. Y esa lectura no sólo es errónea: resulta costosa. La reforma judicial, lejos de despejar dudas, ha contribuido a multiplicarlas.
Cuando se percibe que la independencia de los jueces puede debilitarse, que la carrera judicial puede ser sustituida por criterios de lealtad política, el efecto inmediato no es ideológico, sino económico. La inversión se pospone, los proyectos se revalúan, el financiamiento se encarece y el crecimiento pierde fuerza. En este tobogán va México.
El empecinamiento y la ceguera ideológica han llevado al gobierno de Morena a asestar un nuevo golpe a la confianza de los empresarios nacionales y extranjeros, en particular a los intereses de Estados Unidos, justamente en el arranque de la revisión del T-MEC, con otra purga en el Poder Judicial federal en 2027, elecciones sancionadas por la OEA, y que constituyen uno de los errores históricos más costosos, cuyas consecuencias gravitarán sobre, al menos, dos generaciones de mexicanos.
Los empresarios nacionales y extranjeros son, sin duda, enemigos de los agentes ideológicos que gobiernan el país. El que ambos lados simulen públicamente es otra cosa, pero, tras el escenario, ni unos aportan inversiones por las reformas que los desprotegen contra el SAT y porque no hay un Poder Judicial confiable para defenderse y, por el otro, el bloque duro que responde a AMLO les muestra que sigue con el ariete listo.
Por eso la inquietud rebasa desde hace tiempo al sector bancario. Distintas organizaciones empresariales, cámaras binacionales y analistas económicos han coincidido en un mismo punto: sin Estado de derecho no hay competitividad duradera. Y ahí aparece el dato más incómodo para el discurso oficial. México sigue sin convertir su ubicación estratégica, su integración con Norteamérica y la promesa del nearshoring en crecimiento suficiente.
El país exporta y participa en cadenas productivas decisivas, pero no logra traducir esas ventajas en un despegue sostenido.
Si las empresas estadunidenses perciben que el entorno jurídico se vuelve más incierto, que la defensa de sus derechos puede quedar atrapada en decisiones políticas o que las reglas internas dejan de ser previsibles, el tema entra inevitablemente en la conversación comercial. El T-MEC no es únicamente un acuerdo de intercambio; es también un pacto de certidumbre.
En ese contexto, la llamada reforma electoral agrava la señal. Lo que transmite no es una voluntad de perfeccionar la democracia, sino la tentación de rediseñar el poder reduciendo contrapesos. Desmontar estructuras técnicas que garantizan elecciones competidas abre márgenes de discrecionalidad profundamente peligrosos. No es un asunto menor: cuando se erosiona la arquitectura electoral no sólo se lastima a la oposición, sino que se abre la rendija al crimen.
La señal hacia los capitales es que México parece dispuesto a deteriorarse para sostener un régimen ideológico.
La muestra del ariete: doblar a las plataformas, inflar las cifras del empleo obligando a repartidores y conductores a afiliarse al IMSS y luego negarles la opción de dar servicio en los aeropuertos, en sentido contrario a la modernidad, en pleno Mundial.
* Felicidades a Excélsior por su 109 aniversario. No existe forma de explicar la historia de México si no es a través de sus páginas. Enhorabuena.