Corrupción y chicanadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una señal saludable al plantear que sea el Tribunal constitucional el que resuelva la crisis legal que se gestó en Baja California, con la inconstitucional ampliación del mandato de quien fue votado únicamente para gobernar por dos años y no por cinco.

Usó la palabra “chicanada”, que suele referirse a la acción de personas para cometer fraudes a la ley o para aprovecharse de vacíos en la norma. Y justamente eso es la llamada Ley Bonilla, un fraude a la voluntad de los bajacalifornianos.

Ya en una ocasión nos referimos en este espacio a que el candidato ganador de la elección por Morena, Jaime Bonilla, se había convertido en un activo negativo para la reputación presidencial.

La consulta ciudadana del pasado fin de semana, que es justamente una afrenta a la advertencia presidencial, fue leída tal cual. Hizo bien el Presidente: quien debe resolver los conflictos legales es el poder del contrapeso.

Esta intentona de Bonilla, de la cual Morena se ha desmarcado, es una de las razones por las cuales este movimiento hoy tiene la presidencia del país.

Las “chicanadas”, los fraudes a la ley, la corrupción, la colusión y la violencia armada son conductas que los mexicanos queremos y debemos esforzarnos en desterrar.

El gobierno federal da pasos en esa línea que son positivos. No obstante, veo dos encrucijadas que muy pronto habrá de enfrentar.

La primera de ellas es que las investigaciones en contra de quienes pudieron haber incurrido en actos de corrupción en el sexenio anterior, pronto llevarán al gobierno a la disyuntiva pública de señalar al expresidente Peña Nieto.

Porque en la persecución de las acciones ilícitas comenzará a evidenciarse la inevitable participación. Y si el actual gobierno decide no presentar cargos, entonces las versiones de un supuesto acuerdo para no tocar al expresidente a cambio de apoyos electorales se convertirán en una sospecha que se trasladará a la popularidad.

En esa misma línea debe cuestionarse que los hallazgos de probables actos ilícitos sirvan únicamente para presionar a los opositores a retirarse de sus cargos o a dejar el país, y no presentarlos a la justicia formal. Porque eso no es combatir la corrupción, es tolerarla.

El perdón y olvido a los corruptos es indebido, porque se pasa sobre los derechos humanos de los mexicanos, como lo es el de conocer la verdad y el de recibir justicia. ¿Por qué? Porque se olvida que el dinero que maneja el gobierno no es propiedad de éste, sino de los habitantes de este país, que lo proveen a través de la tributación.

Ello me lleva a la segunda encrucijada. Es bien cierto que la lucha anticorrupción depende de la voluntad de los gobernantes, pero en el caso mexicano fue un mandato claramente expresado en las urnas.

Entonces no es voluntad lo que los mexicanos quieren, sino políticas públicas formales e instituciones que trasciendan los sexenios. Que se consolide el Sistema Anticorrupción y que se incluya en el mismo a la sociedad civil —ya que no se aceptan organismos internacionales como la experiencia centroamericana— para darle consistencia y eliminar voluntarismos.

No queremos a los corruptos en el centro de la plaza y a funcionarios apuntando el pulgar hacia arriba o hacia abajo, según la voluntad. Sino que sea la fuerza institucional la fuente de la certidumbre jurídica.

De esa manera, si hay líderes sindicales que se han enriquecido con las cuotas y contratos, que sean llevados a juicios imparciales a través de la institucionalidad, o funcionarios de otros niveles, igualmente.

Porque lo que este país no quiere más es que le falten al respeto funcionarios sobre los cuales las propias instancias públicas han aceptado que existen 21 acusaciones y aún se dan el lujo de mandarnos a todos a la “chu-chu”.

Ese funcionario que ha mandado a los mexicanos a la “chu-chu” es de la misma clase política de aquéllos que alguna vez dijeron: “¿una guerrilla en Chiapas? Eso ni en la más espantosa cruda de un primero de enero” o en el clímax de la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dijo “ya me cansé” o el que, desde la tribuna del Senado pronunció aquellas palabras de “los demonios andan sueltos”.

El Inegi dio a conocer su encuesta sobre percepción de inseguridad a nivel de calle, que arroja datos para no celebrar. Y el asesinato de 14 policías en Michoacán a manos del crimen organizado, a pesar de que se trató de minimizar, es una verdadera tragedia que no presagia nada bueno y que sólo revela incapacidad.