Con atentos saludos

Por donde se quiera analizar, la reciente marcha de militares y familiares es una consecuencia no deseada, pero prevista. Se desatendió el sobrediagnosticado problema del crimen organizado y se optó por utilizar a las Fuerzas Armadas, en lugar de reconstruir las policías estatales y fortalecer las municipales. Usarlas implicó llevarlas al riesgo del desgaste, a los abusos y distanciarse de los mexicanos. La protesta es un mensaje, pero para quién.

Lo anterior se conecta con otro conflicto. Por supuesto que Estados Unidos no empleará a su ejército para intervenir en México y, pese a que su gobierno recurra a la corrección política expresando que nuestro país es su gran socio, lo cierto es que Biden no tendrá más opción que presionar a México por su tolerancia al narcotráfico y por el desmantelamiento de los órganos electorales. No hay forma de contener a los republicanos.

Se ha descrito el complejo ánimo que existe dentro del Ejército en contra de su alto mando por haber cedido a las demandas presidenciales y por dejarse arrastrar a militarizar el país a sabiendas del escenario de vulnerabilidad que enfrentaría la tropa. La pregunta es si éste tenía opción.

La estrategia de dejarse agredir sin reaccionar a los delincuentes causó divisiones en las altas esferas del Ejército, por lo que la marcha fue una decisión para sacar presión y enviar un mensaje a Palacio Nacional.

Aunado a ello, existen otros elementos que alientan el descontento de la tropa. Se trata de los llamados “eventos”. El número de litigios de militares lesionados en enfrentamientos —tres caídas de helicópteros e innumerables ataques— contra la Sedena ha aumentado exponencialmente porque no se les indemniza, retrasan las reclamaciones con los seguros y se deja desamparadas a las familias.

Cuando inició la presente administración se anunció la desaparición de la Policía Federal —que tenía vicios y requería una amplia revisión— y su sustitución por las Fuerzas Armadas, especialistas y organizaciones ciudadanas anticiparon —como lo hicieron con el calderonismo y el peñanietismo— que las víctimas serían los civiles, porque los efectivos no están capacitados para funciones policiacas.

Habrá que recordar que la presencia del Ejército fomentó, por otra parte, que los gobiernos estatales se desentendieran de la reestructuración de sus policías, con el pretexto de que la actuación del crimen organizado era un tema del orden federal.

Eso alentó, como en su momento lo documentó la organización Causa en Común, que muchos homicidios se hicieran pasar por delitos cometidos por la delincuencia organizada y no se investigaran.

Era cuestión de tiempo para que las Fuerzas Armadas superaran el número de violaciones a los derechos humanos que las registradas a lo largo de los dos sexenios anteriores.

Human Rights Watch aporta el siguiente diagnóstico: “Desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5,335 civiles, según datos gubernamentales. Desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años”.

Y hoy se documenta que adquirió un software ilegal para espiar sin orden judicial a periodistas, defensores de derechos humanos, a los normalistas antes de su desaparición y ahora a los padres.

La consigna “los soldados son pueblo uniformado”, ¿fue un engaño electorero del oficialismo que hoy paga con creces la tropa? Los han soltado de la mano, al menos eso dijo AMLO:

“Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender el Ejército. Que nadie se deje engañar, eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia”.