Una reforma no se mide por la audacia de quien la propone, sino por la responsabilidad de quien decide frenarla. Eso ocurre hoy con una tentativa fallida de Morena de volver a meter mano al sistema electoral y de mantener la revocación de mandato como un instrumento tramposo que no opera como control ciudadano y sí como mecanismo ilegal de movilización política. En democracia, las reglas deben servir para arbitrar la competencia, no para inclinarla. Y cuando el árbitro, los tiempos y los incentivos institucionales empiezan a rediseñarse desde el poder, lo que se erosiona no es un detalle técnico: es la confianza pública.
Morena difundió en días pasados que la Presidenta goza de una alta popularidad. Si eso es cierto, entonces no se entiende por qué habría de colocarse sobre la mesa una eventual revocación de mandato. La sola insinuación revela la trampa política y jurídica: convertir un instrumento de control ciudadano en una plataforma para ayudar a su partido apareciendo en la boleta.
Más aún, cuando la titular del Ejecutivo dice “si el pueblo lo quiere, seguiré”. Parte del engaño de que su desempeño es deficiente y que existe un ánimo de los mexicanos de que renuncie, lo cual no es real.
De este modo, hay dos intentos de engañar al pueblo: uno, que la reforma implica ahorro en beneficio de muchos y, dos, que hay miles de mexicanos que piden su renuncia.
Por eso resulta relevante el pronunciamiento de la Coparmex ante el Senado. No se trata de una opinión marginal. Es una señal pública, poco común por su firmeza, de un sector que durante años evitó colocarse en el centro del debate político-electoral. Cuando el empresariado advierte que “la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral” está diciendo algo más profundo: que el país necesita
certidumbre institucional, no una nueva ronda de rediseño partidista.
La preocupación no es ideológica, es estructural. Las democracias funcionales descansan en reglas estables, árbitros autónomos y condiciones de equidad en la contienda. Cualquier cambio debe ser para ampliar la democracia, contener los riesgos de erosión y preservar la autonomía e independencia de los órganos electorales.
En la misma lógica comparada, la Comisión de Venecia (México es miembro desde 2010) ha sostenido que la revocación de mandato sólo puede aceptarse como herramienta excepcional y bajo salvaguardas muy cuidadosas para evitar su uso indebido. Un mecanismo pensado para sancionar a un gobernante no debe convertirse en un plebiscito recurrente al servicio del gobernante mismo, que es el caso.
El problema para México es que esta discusión no ocurre en el vacío. Llega en un momento de enfriamiento económico y de señales de desconfianza. No es una recesión declarada, pero sí un cuadro de fragilidad que exige prudencia política. A ello se suma que, en la encuesta del Banxico a especialistas del sector privado, la gobernanza aparece como el principal grupo de factores que podrían obstaculizar el crecimiento; y dentro de esa preocupación destacan la inseguridad pública, la falta de Estado de derecho, la corrupción y la incertidumbre política interna.
La discusión electoral se vuelve un factor económico clave. La inversión exige certidumbre jurídica y reglas creíbles. Si a la incertidumbre por la reforma judicial (2027) se suma una disputa sobre las reglas electorales, el mensaje es que las instituciones están sujetas a la mayoría.
Eso tiene costos sobre la percepción de riesgo y las decisiones de largo plazo, porque el oficialismo está más interesado en reorganizar el poder que en enfrentar con eficacia la inflación, el bajo crecimiento y la violencia.
El país no necesita campañas anticipadas disfrazadas de participación popular. La democracia no puede reformarse a gusto de un grupo, sino por diálogo con todos los mexicanos.
Hay queja de que la oposición “nada nos aprueba”. Bueno, nunca se ha sentado con ésta.