Aquí nadie se rinde

Si de algo hoy los mexicanos debemos estar orgullosos es de contar con 65 mil personas trabajadoras y juzgadoras que se han atrevido a enfrentar en la calle, y con la razón que les da la Constitución, el intento del gobierno saliente de disolver al Poder Judicial federal y, con ello, la construcción de un autoritarismo transexenal que puede restringir el régimen de libertades, la libertad de expresión y, sin duda, desmantelará el Estado de derecho.

Lo que ha logrado esta Presidencia es despertar y unir a hombres y mujeres, hechos de una fortaleza poco conocida que, con valentía, están dispuestos a defender la democracia mexicana, a diferencia de otros que buscan, en el mejor de los casos, acomodarse.

De lo anterior se ha dado registro en la prensa del país, de Estados Unidos y del mundo. Y desde fuera nos advierten: “En México se percibe la confabulación de dos poderes del Estado para implantar un régimen no democrático, sin contrapesos y que amenaza a las democracias latinoamericanas”.

Por ello, pese a las advertencias, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador, Ken Salazar, debió fijar un contundente rechazo a la pretensión de López Obrador de someter a elección a los juzgadores federales mexicanos.

“Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México (…) la política feroz si se llegara a aprobar las elecciones de jueces (…) amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas”.

Y tal cual lo ha expresado la JUFED, órgano de representación de los juzgadores federales, agregó: “Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.

Muchos se sorprenden por la combatividad de los juzgadores y los trabajadores. Ellos son una clase distinta de servidores públicos. Su función es que usted y yo tengamos un tribunal que nos defienda de actos contrarios a la Constitución.

En el curso de su larga carrera en los juzgados y tribunales federales del país —que no son lo mismo que los tribunales estatales, grandes ausentes en este movimiento— han sido formados para no tener protagonismos políticos, no salir a defenderse de las críticas. Así pasan decenas de años, dejando a sus familias por servir a la justicia.

Este silencio prudente de juzgadores y trabajadores ha sido interpretado por el Presidente saliente como una debilidad. Una oportunidad para denostarlos cuando, en realidad, cuidan que ninguna autoridad pase por encima de los derechos de las personas, como se ha intentado a lo largo de su mandato.

Pese a las reiteradas críticas, los juzgadores guardaron silencio, que la Constitución les impone. ¿Debieron haber confrontado una a una las acusaciones? No. Hicieron lo que la ley les mandata.

Pero hoy las cosas han cambiado. Morena y el Presidente saliente intentan dinamitar las instituciones democráticas, lo que perjudicará el gobierno entrante.

“La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder”. Son palabras de la directora nacional de la JUFED, la jueza Juana Fuentes, advirtiendo de los riesgos de esta reforma, al momento de declarar la suspensión indefinida de labores.

Después de la declaración de Estados Unidos no habrá un solo empresario nacional o extranjero que se quede tranquilo.

Una cosa es importante en el movimiento de trabajadores y juzgadores del PJF, nadie se rinde.