La crisis ambiental ya no es una advertencia lejana ni un problema reservado a especialistas. Está presente en la falta de agua, las altas temperaturas, la contaminación de ríos, la pérdida de áreas verdes, la mala calidad del aire, la acumulación de residuos que rebasan la capacidad de muchas ciudades y comunidades, entre muchos otros aspectos que son parte de la vida cotidiana de todas y todos.
Durante años se ha repetido que todas y todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, principio que es correcto, pero insuficiente si no se acompaña de acciones concretas. Replantear el papel de las instituciones educativas y, en particular, del servicio social que realizan millones de estudiantes, puede contribuir a que ese derecho se convierta en una práctica común sostenida.
Y es que, en muchos casos, el servicio social ha sido visto sólo como un trámite previo a la titulación o como una obligación administrativa que debe cumplirse con cierto número de horas, sin garantizar que realmente aporte a los estudiantes o a la sociedad. Sin embargo, bien diseñado puede convertirse en una herramienta poderosa para vincular a las juventudes con las necesidades reales de sus comunidades. Si ese esfuerzo se orienta hacia la protección ambiental, su impacto puede contribuir a enfrentar problemas ecológicos concretos y, al mismo tiempo, fortalecer la participación comunitaria.
Por ejemplo, el gran potencial que tienen los jóvenes puede ser empleado en la realización de diagnósticos sobre el uso del agua, programas de separación de residuos, educación ambiental en escuelas y colonias, recuperación de espacios públicos, monitoreo de áreas verdes, apoyo a proyectos de conservación, bienestar animal y acompañamiento a comunidades afectadas por problemas ambientales. Además, es preciso considerar que, cuando una persona participa en este tipo de tareas, no sólo cumple con una obligación académica, pues aprende a mirar y valorar su entorno, a reconocer problemas públicos, a trabajar con otras personas y a entender que el deterioro ambiental no es abstracto, que tiene rostro, territorio y consecuencias directas.
De esa forma, la participación juvenil en acciones directamente comunitarias puede ayudar a reconstruir el tejido social, pues en comunidades donde hay aislamiento o falta de organización, los proyectos colectivos permiten que vecinos, autoridades, escuelas y organizaciones trabajen alrededor de un objetivo común con el cual se sienten identificados. Este punto es central con miras al fortalecimiento del tejido social a largo plazo, pues una sociedad que se organiza para cuidar su entorno también aprende a dialogar, a ponerse de acuerdo y a compartir responsabilidades. De este modo, el servicio social de la juventud en la defensa del medio ambiente no sólo mejoraría el espacio físico, también puede mejorar la relación entre las personas. En un país donde muchas comunidades enfrentan violencia, abandono institucional o falta de oportunidades para las juventudes, abrir espacios de participación positiva puede tener efectos sociales profundos.
Es por ello que la iniciativa impulsada por el Partido Verde de la Ciudad de México para reformar la Ley General de Educación abre la discusión a convertir el servicio social en una herramienta útil para el país y no sólo en un requisito escolar. Su valor está en plantear que la educación también debe responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo y pocos son tan urgentes como la crisis ambiental.
Incorporar a las juventudes en la protección del medio ambiente puede ayudar a formar generaciones más conscientes, pero también comunidades más fuertes. Porque cuando una sociedad aprende a cuidar el agua, los árboles, los animales, los espacios públicos y los recursos naturales, también aprende a cuidarse a sí misma.